20 de agosto de 2008
El secretario general de la OEA atribuyó "toda esta confusión" a una demora en la llegada del documento que dijo haber contestado "hace tres semanas".
Andrés López y Cristián Chandía E.
"Yo contesté ese exhorto hace más de 20 días atrás, así que me parece insólito", fue la reacción del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al enfrentar la aprobación por parte de la Corte Suprema del envío de un exhorto a Washington para declarar en la causa civil por la muerte de la funcionaria Rocío Sariego, durante la masacre de la embajada de Costa Rica en que fallecieron tres personas.
Si bien atribuyó "toda esta confusión" a una demora en la llegada del documento, insistió en que "no es una noticia muy nueva, ese exhorto me fue enviado por el Cónsul fácilmente hace un mes y la respuesta se le envié hace 20 días".
Explicó que "entre ser tramitada en Relaciones Exteriores y llegar a la Embajada, que el Cónsul me llamara, que yo estuviera en condiciones de recibirlo, contestarlo y enviarlo, deben haber pasado dos meses".
Insulza –quien enfrentó las consultas tras el almuerzo que sostuvo con la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda- evitó entrar en detalles respecto a lo que respondió en el documento y las causas esgrimidas por el padre de Rocío Sariego para demandar al Estado. "El señor Sariego estaba esa noche, yo estuve con él, no creo que me corresponda hacer comentarios al respecto", dijo.
Consultado si hay "manos negras" detrás de la información conocida hoy especialmente cuando su nombre suena como presidenciable lo desestimó aunque aseguró que le parece "raro". "Yo me fui de vacaciones hace tres semanas y me preocupé de dejarlo contestado antes de irme a vacaciones. Me demoré un poco en contestarlo porque uno tiene que contestar los hechos de manera muy precisa, entonces me parece un poquito raro que alguien levante este tema hoy, es una noticia un poquito vieja", agregó.
El exhorto pretende esclarecer la celeridad de las autoridades chilenas para resolver ese conflicto en Costa Rica, que dejó cuatro muertos.
Jorge Sariego interpuso en 2005 una demanda contra el Estado de Chile por $ 1.300 millones por la negativa de autorizar el ingreso de policías costarricenses a la sede diplomática para detener a tiempo al guardia que asesinó a su hija con un fusil M-16.
El exhorto también contempla tomar declaración al ex director nacional de la Fuerza Pública de Costa Rica, Walter Navarro Romero, quién reside actualmente en Estados Unidos.
Además, se solicitó el testimonio del ex ministro de Seguridad Pública de ese país Rogelio Ramos y del actual fiscal general de la República de Costa Rica, Francisco Dall'anese, entre otras autoridades de ese país.
El set está compuesto por siete preguntas dirigidas a determinar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, si la víctima falleció producto de los disparos del ex guardia y si las autoridades chilenas nunca impidieron la entrada de efectivos de fuerzas especiales a la embajada.
En conversación con La Tercera.com, Alfredo Morgado, abogado de la familia, calificó de vital importancia la declaración de Insulza.
"Formó parte del comité de crisis y su declaración es vital y fundamental porque tres personas resultados inicialmente impactadas con balas de fuego por el guardia y después de muchas horas se ingresó al lugar y como es una embajada la policía no puede ingresar sin una autorización de las autoridades chilenas entonces es importante su declaración".
Para Morgado la demora puede perfectamente ser una causa, antecedente o precedente de que no se le brindara la debida atención. Incluso asegura que dicha situación podría en la eventualidad haber salvado la vida de Rocío Sariego.
El abogado insiste que es importante este trámite "en un contexto de establecer responsabilidades de agente del Estado y que ello pudiera dar lugar a la indemnización civil a los familiares de las víctimas".