20 de agosto de 2008
La Corte de Apelaciones ya dictaminó que los cargos presentados son admisibles a tramitación de la demanda en defensa del interés colectivo.

El escándalo que se desató luego de que los alumnos de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana descubrieran que no tendrían forma de ejercer su profesión, está lejos de acabarse.
Fueron 800 los estudiantes que demandaron al plantel público y a Celta, la empresa educacional que "presta" servicios a la Utem impartiendo esta carrera en las dependencias de la universidad. La Corte de Apelaciones ya dictaminó que los cargos presentados por los alumnos -en función de la Ley del Consumidor y por publicidad engañosa- son admisibles a tramitación de la demanda en defensa del interés colectivo y dentro de los próximos 30 días deberá pronunciar sentencia.
Pero mientras esto ocurre en los tribunales, las oficinas de cobranza del plantel no han cesado: ya van 1.338 estudiantes de Criminalística que tienen orden de embargo por no haber continuado con el pago de sus mensualidades, muchos de ellos dejaron la universidad.