Abogado de DDHH: Militares procesados no deben tener ningún beneficio del Estado

Luego que saliera a la luz pública los antecedentes que indican que ex agentes de la Dina y de la CNI, procesados por delitos de lesa humanidad, se encontrarían trabajando activamente para las Fuerzas Armadas, un debate político se instaló en la palestra nacional.

Frente a esto, el general en retiro de las FFAA, Rafael Villarroel, apeló a la presunción de inocencia indicando que se debe hacer una diferencia entre la gente procesada y la condenada.

Junto con esto, Villarroel dijo que esto militares están cumpliendo funciones "no por el sólo hecho de haber estado en la Dina, sino que son personas contratadas por la institución por ser eficiente en alguna función de asesoría".

Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucotto, dijo que estos hechos "son crímenes de lesa humanidad, militares que se despojaron de toda ética, delitos que "cometieron en nombre de un salvajismo que no tiene nombre, que no tiene perdón y que por lo tanto no puede tener ningún beneficio por parte del Estado".

En la misma línea, Caucotto destacó que estas personas cometieron los delitos más graves que pueda conocer la historia de este país, delitos que son imperdonables. Agregó que "uno sólo basta para hacer un crítica muy fundada, tanto a las autoridades de gobierno como a las autoridades del las Fuerzas Armadas, por mantener a esta gente siendo pagada con los fondos del área nacional".

A reglón seguido, el abogado de DDHH declaró que le gustaría preguntarle a los militares procesados "¿que presunción de inocencia le respetaron a los desaparecidos y a los ejecutados? y señaló que "ahí no hubo presunción de inocencia, simplemente los mataron y los hicieron desaparecer", señaló a TVN.

Para finalizar, Caucotto dijo que a su juicio, la reincorporación de militares procesados por violación a los derechos humanos "constituye un agravio a los familiares de las víctimas que fueron violentados". Además, señaló que basta un solo violador de los DDHH que esté procesado por haber ejecutado a personas, para que dicho sujeto nunca pueda trabajar dentro de las esferas del Estado.