Tras un año de profunda crisis y confrontación, el Presidente Evo Morales logró consolidar su proyecto en Bolivia, pese a los graves conflictos políticos que incluso provocaron la muertes de civiles.

Morales encaminó el referendo sobre la nueva Constitución, que se celebrará el próximo 25 de enero, gracias a un acuerdo político alcanzado tras 10 meses de conflictos que tuvieron su expresión más violenta en la región de Pando, donde 20 personas murieron en un choque entre oficialistas y opositores. El Presidente de Bolivia recibió un decisivo espaldarazo en el referendo sobre mandatos celebrado en agosto donde fue ratificado con un 67,4% de apoyo: casi 14 puntos más del respaldo electoral que le llevó a la Presidencia en 2005.

El país llegó a esta consulta en un escenario de fuerte confrontación política entre el oficialismo y sus opositores, incluidos los líderes de varias regiones que acentuaron en 2008 sus demandas de autogobierno. Las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando celebraron entre mayo y junio consultas populares para aprobar unos estatutos de autonomía, los que fueron rechazados por el gobierno, el cual los calificó de ilegales y separatistas.

Tras el referendo, la crisis se agravó luego de que un grupo de autonomistas emprendieron una serie de protestas bloqueando carreteras y atacando infraestructuras gasísticas, entre otros.

El episodio más grave se produjo el 11 de septiembre en el departamento de Pando (norte) donde un choque entre oficialistas y opositores acabó con la matanza de 20 personas, la mayoría campesinos seguidores de Morales.

Tras esto, el gobierno decretó el estado de sitio en Pando y su prefecto (gobernador), el opositor Leopoldo Fernández, fue detenido y encarcelado bajo la acusación de ser el responsable de la violencia en su región.

El Ejecutivo denunció el intento de un "golpe de estado civil" en Bolivia promovido por la oposición que llevó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a organizar una cumbre de emergencia en Santiago para apoyar al gobierno boliviano. La violencia dio paso al diálogo político bajo la observación de organismos internacionales como Unasur, Naciones Unidas y la OEA. La primera fase de la negociación, entre el Ejecutivo y los autonomistas, acabó en fracaso.

Fueron las fuerzas parlamentarias las que consiguieron, el 20 de octubre en el Congreso Nacional, un acuerdo sobre el proyecto constitucional (con la modificación de más de cien artículos) y sobre el adelanto de elecciones generales a diciembre de 2009.

El consenso se concretó en medio de una multitudinaria marcha en la ciudad de La Paz integrada por decenas de miles de seguidores de Morales en defensa de la nueva Constitución.

BOLIVIA Y EL MUNDO

Así, si la política interna no dejo tranquilo a Morales, tampoco lo hizo la externa. Esto, porque 2008 fue un año crítico en las relaciones con Washington, que incluso contó con la expulsión del embajador de EE.UU en Bolivia, al que Morales acusó de conspirar contra su gobierno.

En una "ofensiva" sin precedentes Morales determinó también la salida de la DEA. Por su parte, la Casa Blanca respondió con el alejamiento del embajador boliviano y con la suspensión a Bolivia de las preferencias arancelarias vinculadas a la lucha contra el narcotráfico al considerar que La Paz no cumple este objetivo.

Sin embargo, no sólo con EEUU las relaciones estuvieron tensionadas; con Perú los continuos roces y descalificaciones entre Morales y su par, Alan García, provocaron a llamada a consultas del embajador de Lima en La Paz en el mes de junio.

En el área económica, Morales consolidó la nacionalización de los hidrocarburos y logró acuerdos con las principales trasnacionales que operan en el país para que el Estado tenga mayoría en sus consejos de dirección. Bolivia también nacionalizó la empresa de telecomunicaciones Entel, filial de la italiana Telecom, que ha llevado la operación ante un tribunal de arbitraje.