El diputado PPD, Rodrigo González junto a los padres de la menor fallecida en el Centro de Detención Provisoria Lihuén de Limache, presentaron esta mañana en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, una querella por cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables de la muerte de la menor Priscilla Donoso de 17 años.

Tanto el parlamentario como los padres de la menor, solicitaron al Ministerio Público que investigue los hechos y castigue al o los culpables, con el máximo de las penas que la ley contempla.
 
Para ello, el diputado Rodrigo González pidió se cite a declarar a los Directores Regionales del Sename, Conace, Servicio de Salud Valparaíso, Hospital  Horvitz, del Salvador y del Centro Lihuén de Limache, entre otros.
 
“Hemos solicitado también que estas autoridades remitan todos los antecedentes que tengan sobre este caso, en especial el nombre de las personas y funcionarios que tomaron decisiones respecto de la víctima, y el no cumplimiento de su tratamiento e internación en una entidad hospitalaria psiquiátrica”, declaró el parlamentario.
 
Tanto Javier Donoso como Rosa Gutiérrez, padres de la menor fallecida, indicaron que su hija, había protagonizado otros intentos de suicidio, que estaba deprimida y no recibió la atención psiquiátrica ni los cuidados que requería. “La dejaron suicidarse”, manifestaron. “La visitábamos regularmente y ella se quejaba que la tenían encerrada en su pieza casi todo el día,  sola y en precarias condiciones”, afirmaron los padres. 
 
Agregando que, en razón de ello y de la peligrosidad de su estado el Sename había notificado a Conace,  la necesidad de internarla en una Unidad de Corta Estadía especializada en materias siquiátricas, capaz de asegurar su tratamiento y seguridad. El Conace le diagnosticó y detectó “riesgo vital, ideaciones suicidas y síndrome de incontinencia aguda, dado que se trataba de una policonsumidora severa”, señalaron
 
Respecto de esta situación, el diputado González denunció que el Sename diseñó y otorgó los recursos  para la construcción en el Centro Lihuén, de una Unidad de Corta Estadía con características de clínica adecuada  para atender jóvenes privados de libertad con problemas psiquiátricos.
 
“Sin embargo, dicha unidad fue construida sin que el diseño, ni sus características, permitieran su aprobación por los organismos estatales competentes, por lo que no ha entrado en funcionamiento “por falta de autorización sanitaria”, aseguró el parlamentario.