El Presidente George W. Bush aceptó ayer, muy a su pesar, utilizar parte del dinero destinado al salvataje del sector financiero para impedir la bancarrota de las empresas automotrices. Esta decisión, anunciada poco antes de abrirse ayer los mercados bursátiles, fue la respuesta de la Administración a la votación del Senado rechazando una propuesta que asignaba US$14 mil millones a General Motors, Chrysler y Ford.

En un comunicado leído por la portavoz Dana Perino, el gobierno aseguró que "en circunstancias normales preferiríamos que los mercados decidieran el destino de las empresas privadas, pero teniendo en cuenta la debilidad actual de la economía de los Estados Unidos consideraremos otras opciones si es necesario, incluyendo el uso del fondo de rescate financiero, para evitar el colapso de la industria automotriz".

Esta frase encierra la desesperación de Bush para no quedar ante la historia como el Presidente bajo el cual uno de los símbolos de la industria norteamericana se hundió para siempre. En los días previos los demócratas habían acordado un plan de emergencia para otorgar US$14 mil a las tres grandes empresas, que están al borde de la quiebra y, al menos en los casos de General Motors y Chrysler, inclusive han contratado abogados especializados en procesos de bancarrota. El plan contaba con apoyo del Presidente electo, Barack Obama. Pero el Congreso saliente, en el que los republicanos tienen suficiente fuerza en el Senado como para bloquear cualquier votación, se opusieron mayormente, en abierto desafío a su líder.

Por 52 votos contra 35, el plan fue aprobado en el Senado, pero se necesitan 60 votos para evitar una maniobra obstruccionista. Sólo 10 republicanos se sumaron a la propuesta, mientras que los otros, capitaneados por el líder de la minoría, Mitch McConnell, querían poner como condición que los salarios fueran homologados con los de las empresas automotrices exranjeras, como Toyota y Honda, que operan en el país. Se da el caso de que los trabajadores de estas empresas no están sindicalizados, mientras que los de los tres gigantes norteamericanos sí lo están y por tanto imponen costos laborales muy superiores a la gerencia.

Ante el fracaso del plan, sólo quedaba una opción donde la propuesta sí fue aprobada a mediados de la semana: echar mano del fondo de salvataje financiero que fue convertido en ley en octubre pasado en medio de una batalla política parecida a la de esta semana. Bush se resistía por presión del Secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien prefiere usar el dinero para destinarlo a entidades financieras e impedir que se cree un precedente para que otros sectores no exijan una tajada.

CONGRESO RETINE PODER DE VETO
Hasta ahora han sido utilizados unos US$335 mil millones del fondo de rescate financiero, casi la mitad de los US$700 mil millones aprobados. El comunicado de la Casa Blanca implica que los demócratas han logrado doblegar la voluntad de Bush, quien teme el colapso de una industria de la que dependen cuatro millones de empleos indirectamente pocos días antes del fin de su gobierno. Sin embargo, la ley que regula el plan de salvataje financiero exige que el Congreso apruebe el uso de la segunda mitad del dinero, de modo que si el gobierno quiere usarlo para dar créditos puentes a General Motors, Chrysler y Ford, probablemente deberá pedir una votación legislativa. Eso exigiría que el Congreso saliente, que ya acabó formalmente sus funciones tras el voto de ayer, regrese de vacaciones. Cuesta trabajo creer que los mismos republicanos que se opusieron al salvataje automotriz ahora acepten soltar el dinero del salvataje financiero para que Bush use parte de esos fondos con el propósito de rescatar, precisamente, a los fabricantes de autos.

De lograrlo, los US$14 mil millones no serían suficientes para impedir el colapso de la industria. Apenas servirían para mantenerlas con vida unas semanas, hasta que el nuevo Congreso, en el que los demócratas tienen una posición más sólida, tome la posta a comienzos de enero y apruebe un programa de mediano plazo.

La situación de los fabricantes de autos ha provocado un gran debate. Las encuestas indican que hay una división de opiniones entre la población. Los partidarios de salvar a la industria indican que son demasiados los empleos y las empresas proveedoras que se verían afectados. Los adversarios dicen que la culpa la tienen las propias empresas, que no han sabido competir con eficiencia con las empresas japonesas y tienen costos muy altos por el poder de los sindicatos, y que no es justo infligir a los contribuyentes el costo de algo que ellos mismos provocaron.