Ahora le tocó a Paula Narváez: Contraloría cuestiona contrataciones a honorarios y eventual uso político de imprenta de la Segegob

El 20 de abril de este año, la Contraloría evacuó el informe 805/2017 que analizó parte de la gestión de la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez, a cargo de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

El análisis correspondió a una auditoría y examen de cuentas a los gastos en personal, específicamente las contrataciones a honorarios, suscritos por el ministerio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.

Al respecto, en la repartición que encabezó uno de los rostros del bacheletismo con mayor proyección -a la que incluso se le atribuyen opciones presidenciales-, se identificaron una serie de anomalías en las contrataciones de personal. Además se cuestionó los documentos de prueba de ejecución de trabajos de tres personeros de la Región de Valparaíso, a honorarios en Segegob en momentos en que eran precandidatos.

También se detectó el uso de la imprenta institucional con fines ajenos a los presupuestados al facilitarla para la realización de afiches del movimiento "Aquí la gente" vinculados a No más AFP y "Yo voto para botar", contra la corrupción, la ley de pesca y otras causas.

Desde la otrora administración, el exsubsecretario Omar Jara valoró la resolución, adujo que se implementaron cambios acordes con un pre informe sobre la materia y acuso un interés político del actual gobierno en manchar la gestión suya y de Narváez.

El dictamen consigna la existencia de personas contratadas con fines distintos a los autorizados en la ley de Presupuestos. En concreto, 14 profesionales a honorarios cuya ejecución de actividades no guardan relación con los programas para los que fueron contratados.

En específico, se cuestiona el caso de la profesional Soraya Jadue Jadue, "quien carece de un vínculo con la Administración que sustente su prestación de servicios, en tanto no se regularice su situación y esta sea debidamente aprobada por esta Entidad de Control a través del trámite de toma de razón". Se da por subsanado, en esta índole, la situación de Leonardo Pineda, jefe de gabinete de Narváez, quien renunció en las postrimerías de la administración anterior luego de que se constatara el pago de $28 millones, por la elaboración de informes para el diputado Sergio Aguiló (PS). Existe un sumario en curso sobre el tema.

El punto más cuestionado fue en relación a tres casos específicos de personas contratadas a honorarios, en los que se observó que solicitados los medios de verificación indicados en los informes mensuales, estos no fueron proporcionados, "lo que impidió constatar si las respectivas labores se llevaron a cabo, y de haberlo sido, si ello aconteció en ocasiones distintas a aquellas en las cuales los contratados tuvieron participación en actividades asociadas a su condición de precandidatos a cargos de elección popular, por lo que el servicio deberá en lo sucesivo velar para que los medios de verificación de las funciones declaradas en los informes de honorarios den cuenta de la relación directa con cada ítem descrito que permita vincularlos".

Se trata de Mario Fuentes Romero, quien fue gobernador de la Provincia de Petorca desde el año 2014, hasta la presentación de su renuncia voluntaria en noviembre de 2016, para ser candidato a diputado por la Quinta Región. El 3 de enero de 2017 fue contratado entre el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2017 por un monto total de $ 10.000.002, pagado en seis cuotas para desempeñarse en el gabinete del subsecretario General de Gobierno. Si bien se presentaron informes sobre labores, éstas no fueron precisos.  Lo mismo se critica respecto a otros dos candidatos de la región de Valparaíso contratados en el mismo periodo: René Lues Escobar y Ricardo Bravo Oliva.

En tanto, respecto de la función de la imprenta del ministerio, se constató que a través de solicitudes de la División de Organizaciones Sociales, se imprimieron afiches y otros documentos a entidades que no están registradas en el Catálogo del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Además, las impresiones no incorporaron el logo del gobierno, como lo exige la normativa y, en algunos casos, se observó que presentan un contenido que no se vincula con el cumplimiento de las funciones de la entidad auditada o al que podría atribuírsele un contenido de carácter político, por lo que, en lo sucesivo, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el ley N° 20.500, y no imprimir afiches de entidades que no se encuentren inscritas en el registro contemplado en ella. Además, estos tendrán que incluir el logo del gobierno, a fin de dar cuenta de que fue financiado con recursos de éste, y no deberán presentar contenido ajeno a los fines institucionales o al que pudiese imputarse naturaleza política.

En concreto, se critica la impresión de 2.300 afiches del movimiento Aquí La Gente y otros del Club Deportivo Colo-Colo en contra de Blanco y Negro.

Contraloría también constató que durante el primer semestre del año 2017, "se suscribieron convenios que presentan una reiteración en el tiempo desde por lo menos 4 años en la mayoría de los casos, existiendo algunos que presentan igual función desde el 2009 a la fecha, situación que evidencia que tendrían por finalidad el desarrollo de funciones que, por sus características, constituyen labores habituales y no accidentales de la entidad, por lo que corresponde que la entidad formalice la propuesta de reestructuración informada en su respuesta".

Otro de los puntos criticados fue "el otorgamiento de feriados legales y días administrativos a personas contratadas a honorarios en cuyos contratos no se estipula una jornada diaria de trabajo y respecto de quienes, además, la entidad no lleva un control de asistencia", junto con el descontrol en la fiscalización de las licencias médicas.

En cuanto a este tema, Jara precisó que se tomaron en su momento las medidas respectivas y que fueron informadas como tal al organismo fiscalizador. Además cuestionó el supuesto uso político de la actual Segegob de la información de la auditoría ya que, adujo, desde esta repartición se "filtró" el contenido del documento a la prensa con el objetivo de perjudicarlos.