Corte Suprema condena a Providencia a pagar $120 millones a familia de menor abusada en colegio municipal

El día 16 de abril del año 2007, cerca de las 13:30 horas, Héctor Zambrano Núñez, quien se desempeñaba como auxiliar del Colegio Providencia, abusó sexualmente en una bodega del establecimiento educacional de la niña R.F.S.S, que en la época tenía ocho años. Por este delito el hombre, que está fallecido, fue condenado penalmente.

En la arista civil, la familia de la menor demandó a Zambrano Núñez y a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, dependiente del municipio, por los perjuicios y el daño moral ocasionado por el ilícito del que fue víctima la pequeña.

Hoy, a once años de lo ocurrido, el máximo tribunal dictó sentencia y condenó a la Corporación a pagar un total de $120 millones: $80 millones para R.F.S.S y $20 millones para cada uno de sus padres, Reynaldo y Rosa.

El fallo se sustenta en dos principios: el hecho ajeno y la solidaridad. Respecto del primer punto, se considera que el autor del delito se desempeñaba como auxiliar del Colegio y por ende dependía de la Corporación de Desarrollo Social. La Corte, en este sentido, establece que las personas –o instituciones, en este caso- son responsables no sólo de sus propias acciones sino que también "de hecho" de aquellos que están a su cuidado.

En cuanto a la responsabilidad solidaria, los representantes legales de la Corporación citaron que no les fue posible impedir la ejecución del ilícito contra la niña. Sin embargo, la Corte Suprema estimó que la Corporación era también responsable civilmente por el hecho perpetrado por su dependiente.

Sobre este tema, el abogado Gabriel Osorio, de Osorio Vargas & Abogados, plantea que "este fallo profundiza el criterio de que todos los colegios tienen una responsabilidad civil por los hechos cometidos por sus profesores y funcionarios en el ejercicio de sus funciones y eso implica que los establecimientos públicos y privados van a tener que elevar sus estándares".

También, destaca el profesional, podría incidir en otras causas como de la menor Andrea Véjar, quien quedó parapléjica en el año 2017 tras realizar una riesgosa maniobr en el taller de circo del Liceo experimental Manuel de Salas. Por estos hechos existe una querella y fue formalizada Tamara Ortiz, la profesora a cargo de la actividad extraprogramática. "Es posible que el colegio sea también sancionado por hecho ajeno. Sienta un precedente muy relevante", recalca Osorio.