Gobierno hace fuerte recorte a Contraloría y Ministerio Público, pero no al Tribunal Constitucional

A pocos días de asumir el nuevo gobierno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anticipó que alistaba un "mega ajuste" para enfrentar el deterioro fiscal que finalmente era mayor al previsto. Por lo mismo, un plan de austeridad y reasignaciones es la alternativa para sanear las arcas fiscales, sostuvo el secretario de Estado.

Ayer por la tarde se hizo público el decreto firmado por la autoridad, en el que se detallan los recortes en los distintos estamentos. En el documento que consta de 167 páginas al que tuvo acceso La Tercera PM, se detalla que las mayores rebajas de presupuestos están en el ministerio de Salud (126 mil millones); los ministerios de Educación y del Interior ($38.000 millones); el ministerio de Obras Públicas ($40.000 millones) y el ministerio de Vivienda y Urbanismo ($4.700 millones). Sin embargo, parte de los recortes también estarán centrados en los estamentos de control al aparato estatal.

Y justamente la Contraloría General de la República será una de las entidades que experimentará un detrimento en su presupuesto. La institución, que ha tenido un protagonismo relevante en el último tiempo -tras el caso del frustrado nombramiento de Pablo Piñera en Argentina y el viaje del propio ministro de Hacienda a la Universidad de Harvard en Estados Unidos- experimentará una rebaja de $1.600 millones.

Dicha rebaja presupuestaria se concentrará principalmente en la contratación de funcionarios: tendrá $263 millones menos para sumar personal. En la discusión del presupuesto del año pasado, el contralor Jorge Bermúdez pidió un incremento en su presupuesto para ejercer un mayor número de auditorías a organismos públicos.

En la arena penal, el panorama es similar. Otro de los organismos que también sufrirá este apretón de cinturón de la segunda administración de Piñera es el Ministerio Público. Según establece el decreto, la Fiscalía tendrá $4.700 millones menos en su presupuesto.

Y la cifra es mayor aún si se mira el caso del Poder Judicial, cuyo presupuesto baja en más de $7.000 millones, centrados principalmente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El Servicio de Impuestos Internos, que cumple una labor de fiscalización relevante, también ve disminuido su presupuesto: Será en $3.000 millones.

La excepción a esta "poda" en los organismos jurisdiccionales la ostenta el Tribunal Constitucional.

El decreto considera una rebaja de sólo $24 millones para este estamento, que ha cobrado una relevancia preponderante en los últimos años, calificado por algunos sectores políticos incluso como una "tercera cámara".

Consultados algunos especialistas en derecho, se mostraron disconformes con los ajustes. Cristóbal Osorio, socio de Osorio Vargas & Abogados explicó que "genera una profunda preocupación ciudadana los recortes presupuestarios a la Contraloría y al Poder Judicial, considerando las últimas controversias tenidas con el Ejecutivo. Ambas autoridades reclaman año a año la necesidad de fortalecer sus presupuestos para una mayor y mejor fiscalización, que asegure la probidad y la transparencia. La reducción presupuestaria se puede prestar para equívocos, y algunos podrían sostener, incluso, que el Gobierno no quiere ser fiscalizado generando una 'asfixia institucional'".

Mientras que Eugenio Evans, socio de Cubillos y Evans, comentó: "La verdad, es una mala noticia como lo es la estrechez del presupuesto fiscal. Siempre que se sacan recursos a los órganos de control y a los jurisdicciones, se arriesga la eficacia y oportunidad de sus funciones y de paso, la fortaleza del Estado de Derecho"

Desde el ministerio de Hacienda, el subsecretario Francisco Moreno explicó a La Tercera PM que "la reducción de gastos operacionales se implementó de forma pareja para todos los ministerios y servicios. Incluyendo rebajas por concepto de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros (tales como computadores, automóviles, equipamiento de oficinas, etc.)".

Respecto del Sename, Moreno señaló que "desde un primer momento, se contempló reponer los $3.900 millones con cargo a los fondos de libre disponibilidad del Presidente de la República. Esto fue informado al Sename al día hábil siguiente de la fecha del decreto".

Respecto de Salud, el subsecretario afirmó que, en razón del "cuantioso presupuesto", a ese ministerio "le corresponde una rebaja mayor respecto de otros. Sin embargo, al considerar el porcentaje de su presupuesto total, la rebaja en Salud es tan sólo de un 1,6%. En el caso de Contraloría, el impacto en su presupuesto total es del 1,8%. Si uno analiza otras rebajas, el impacto es mayor, por ejemplo, en Presidencia de la República el recorte presupuestario es del 4,7% y en el Ministerio de Hacienda alcanzamos el 2,3%".

"Cabe señalar que la rebaja no afecta en absoluto la oferta programática, ni la efectividad de la Contraloría o del Ministerio Público. Centrándose en los gastos operativos administrativos, para ser muy claros, esto no afecta a las personas ni sus beneficios, sino que va en la dirección de gestionar mejor los recursos del Estado. Por ejemplo, en gastos en personal sólo afecta los ítems "Horas Extraordinarios", "Viáticos" y "Funciones Críticas", entre otros", sostuvo Moreno sobre los otros ajuste.

"Este tipo de rebajas se han realizado varias veces en años recientes; es más ocurrió también el año 2016 con la Presidenta Michelle Bachelet. Estas rebajas apuntan principalmente a hacer más eficiente la operación administrativa del Estado, lo que finalmente redundará en más recursos para poder beneficiar a más chilenos".

Desde el Ministerio de Obras Públicas desdramatizaron su recorte presupuestario. "Estamos conscientes de las restricciones fiscales que tenemos y seremos parte de este esfuerzo. El MOP es un ministerio muy grande", añadiendo que "estos recortes ya fueron iniciados en aquellos subtítulos que no comprometen la inversión la cual es muy necesaria para el desarrollo del país" (...) "Tendremos ajustes en los subtítulos 22 (bienes y servicios de consumo); subtítulo 29 (activos no financieros) y en menor medida en el subtítulo 21 (gasto en personal). Adicionalmente hay una disminución de un subsidio en concesiones el cual ya había sido pagado el año anterior pero que por error había sido incorporado en el presupuesto de este año. Esto fue corregido por la actual administración y está dentro del ajuste fiscal", complementaron desde el estamento.

Desde la Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos y de la Contraloría no hubo respuesta a las consultas planteadas por este medio.