Jueza ordena el alzamiento del secreto bancario de las cuentas que usaron las Farmacias Populares

“Con el mérito de los antecedentes aportados, como se pide, se autoriza el levantamiento del secreto bancario de la cuenta bancaria de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP)”.

Esta es la resolución de la magistrada titular del Tercer Juzgado de Garantía, Paulina Moya, quien cursó la petición que había realizado el viernes pasado la fiscal Giovanna Herrera. Con esto, sostienen fuentes del caso, se estrecha aun más el cerco en la investigación por fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho que complica al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien fuera el representante de la mencionada agrupación.

En su solicitud ante el juzgado, al que accedió La Tercera, la investigadora precisa que “en esta causa se investigan delitos de administración desleal, estafas y otras defraudaciones, fraude al Fisco, delitos concursales y cohecho. Que previamente se autorizó judicialmente en dos oportunidades el levantamiento de secreto bancario de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, en adelante ACHIFARP, primero del año 2019 al 2021 y luego se extendió hasta el año 2022, en sendas resoluciones de ese tribunal, fundadas en los numerosos antecedentes detallados en los escritos respectivos y que pido a su señoría tener por reproducidos”.

Junto con esto, la fiscal Herrera agrega que “para continuar con la investigación, especialmente la determinación del patrimonio total afectado de la ACHIFARP, victima en esta causa del delito de administración desleal, y que se encuentra en proceso de liquidación concursal forzosa desde el año 2022. Por lo mismo, es esencial para determinar las operaciones fraudulentas y abusivas ampliar el periodo de revisión de la cuenta bancaria, a la totalidad del periodo que fue utilizada y de esa manera permitir determinar con claridad todas operaciones que generaron la insolvencia punible”.

Finalmente, explica ante el tribunal la persecutora, era necesario ampliar el alzamiento del secreto de las cuentas dado que “su análisis contable completo es necesario y proporcional a la investigación penal que se desarrolla, toda vez que es fundamental para determinar el perjuicio y las operaciones fraudulentas”.

El primer espolonazo lo dio Contraloría. El 2022 emitió un informe lapidario, que cuestionó duramente la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), pero no el modelo de negocio, ya que eso no fue objeto de fiscalización. Lo que sí fue auditado por Contraloría son los inexistentes estados financieros y la falta de información administrativa, lo que finalmente llevó al ente que en esa época era dirigido por Jorge Bermúdez a enviar los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se persigan en el ámbito penal las responsabilidades detectadas en el mal manejo de dineros fiscales por parte de la agrupación, que es dirigida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

El informe final dio cuenta que los fiscalizadores no pudieron acceder a los estados financieros de los años 2019 y 2020, tampoco a los “Informes de rendición de cuenta anual” que establecen sus estatutos. Según se desprende del documento, no se pudo verificar la situación financiera y patrimonial de las “Farmacias Populares”, ya que al ser solicitados en reiteradas oportunidades no hubo respuesta.

La falta de respaldo e información financiera -no existen antecedentes contables de compras y ventas- hizo que, tras detectarse estas irregularidades, se decidiera remitir la auditoría a manos del entonces fiscal nacional Jorge Abbott.

Otra situación que se cuestionó en esa auditoría es que “no se obtuvieron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”. Tampoco se halló, según el documento, el procedimiento de cómo se contabilizan las cuotas mensuales sociales que deben pagar los municipios que integran la asociación, como así tampoco cuáles son los inventarios y la valorización de los medicamentos que en estas farmacias se adquieren.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y el alcalde Jadue ya ha sido citado a declarar como imputado.