Justicia en la medida de lo posible

Los hechos que no se discuten son los siguientes:

1. Pablo Wagner era funcionario público.
2. Entre Penta y Wagner hubo un finiquito firmado el día 10 de marzo del año 2010 que decía que las partes nada se debían.
3. Penta le pagó a Wagner en 14 oportunidades cada dos meses la suma de 3 millones de pesos los que depositaba en su cuenta corriente lo que ocurrió desde un par de meses después de asumir el cargo hasta la fecha en que dejó de servir el cargo.
4. Ese pago era un pago clandestino, que se ocultó en la contabilidad de Penta con boletas de un familiar de Wagner.
5. Entre otras gestiones, mientras era subsecretario de Minería, Wagner sostuvo en dicha calidad al menos en tres ocasiones reuniones con gerentes y controladores de la Minera Dominga (controlada por uno de los dueños de Penta) que versaban sobre la marcha de dicha minera.
6. El Fiscal Regional Manuel Guerra a cargo de dicha investigación decidió no perseguir estas conductas afirmando que ellas no son constitutivas de delito.

La señal que el órgano encargado de la persecución penal (con la opinión contraria hay que reconocerlo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía) ha dado en este caso es de la máxima gravedad. Ello por cuanto se ha establecido que cualquier persona que realice esa conducta no será perseguida por el Estado. Es decir, el dueño de una clínica puede pagarle al Ministro de Salud y simultáneamente sostener reuniones con él por asuntos vinculados al desarrollo de la Clínica. O el representante de una Universidad puede pagarle al Ministro de Educación mientras sostiene reuniones con él que versen sobre temas vinculados al establecimiento educacional. Esa es la gravedad de la decisión que se ha tomado. La decisión es particularmente sorprendente porque el propio Fiscal dos años antes había señalado en una entrevista en CNN que el cohecho era intransable para la Fiscalía. Y un año antes había acusado a estas mismas personas por delitos tributarios y de corrupción solicitando una pena de 10 años de cárcel para ellos.

Es extraño lo que ha sucedido porque devela la precariedad institucional para perseguir los delitos de corrupción en nuestro país, mientras en el mundo la persecución de la corrupción es un fenómeno emergente. Fiscales y jueces de Brasil han encarcelado a empresarios y políticos que han repartido y recibido coimas no sólo en Brasil sino también en casi todos los países del continente. En Perú las investigaciones penales de la Fiscalía han develado conductas de corrupción en los últimos 4 gobiernos del Rimac. En España por su parte, se acaban de dictar sendas condenas que enviaron en el caso Bárcenas a 29 personas a prisión por un total de 351 años y luego en el Caso Noos se ha encarcelado al mismísimo cuñado del Rey. La OECD, por su parte, mantiene un activo grupo de trabajo contra la corrupción (WGB) que busca prevenir el cohecho transfronterizo y sancionar la corrupción de las personas jurídicas mediante un sistema de revisión entre pares. Justamente este año, Chile se encuentra en pleno proceso de revisión de la manera en que se ha perseguido la corrupción en lo que se denomina la fase 4, habiendo hecho hace 4 años severos reproches a la manera en que ella era perseguida en casos concretos lo que obligó a la Fiscalía a reabrir algunos casos que se habían desestimado mediante la aplicación del archivo provisional. El actual proceso de revisión lo enfrenta en los precisos momentos que la Fiscalía decidió no seguir adelante casos que involucraban a un Senador de la República, la responsabilidad penal de la empresa SQM y el proceso por cohecho doméstico en el Caso Penta.

El país debiera hacer una reflexión profunda sobre por qué estos fenómenos están sucediendo acá a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. Cuál es el motivo de que la ola de la probidad no haya tocado nuestras costas y cuáles son las medidas que deben tomarse para que ello finalmente ocurra. Cuál es el beneficio y cuál es el costo de haber politizado en exceso el nombramiento del cargo de Fiscal Nacional. El proyecto de ley que aumenta las penas del cohecho que se encuentra actualmente en Comisión Mixta en el Parlamento es probablemente un buen mecanismo para paliar esta sensación de impunidad que se ha instalado respecto a los delitos de cuello y corbata o portonazos económicos. No se puede pasar haciendo toda la vida justicia en la medida de lo posible.