La promesa incumplida a los 81 muertos de la cárcel de San Miguel: sus restos podrían terminar en una fosa común

Un mail. Esa fue la primera alerta que recibió César Pizarro.

Se cumplían casi cinco años desde que Jorge, su hermano, había muerto calcinado la madrugada del 8 de diciembre de 2010. Él y 80 internos más agonizaron mientras un incendio se expandía en el cuarto piso de la torre 5 de la Cárcel de San Miguel, y la temperatura ambiente superaba los 300 grados Celsius. Un verdadero infierno.

El 10 de diciembre de 2010, a solo dos días del incendio, César Pizarro, vocero de la ONG 81 Razones, llegó al Servicio Médico Legal a reconocer los restos de su hermano. Allí, dice, la promesa que las autoridades -que en ese tiempo correspondían al primer gobierno de Sebastián Piñera- le hicieron a él y al resto de las familias fue clara: la sepultura de las víctimas sería gratuita de por vida.

Pero el compromiso no se cumplió.

El 26 de agosto de 2015 recibió un mail de una ejecutiva del Parque del Recuerdo, donde está sepultado su hermano:

"Por medio del presente queremos informar que con fecha 15/06/2015 tuvo vencimiento su cuota anual de mantención por un monto de $58.220 pesos".

El primer problema que tuvieron los familiares de las víctimas de la cárcel de San Miguel fue que se les ofreció enterrar en un sistema 4x1, una fosa para cuatro cuerpos. Luego de sus reclamos, se reformuló el contrato: cada víctima tendría una sepultura individual.

De los 81 fallecidos, 78 recibieron ayuda para costear los servicios funerarios y de sepultura. Todo estuvo a cargo de la Funeraria Hogar de Cristo, la que realizó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para tal objetivo.

En el contrato de prestación de servicios, firmado por el subsecretario subrogante del Ministerio de la época, Sebastián Valenzuela, y el entonces gerente general de la funeraria, Jaime Maturana, se lee:

"La Subsecretaría acuerda con el prestador la contratación de servicios funerarios con motivo del incendio ocurrido con fecha 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, a fin de otorgar las prestaciones necesarias para llevar a cabo las ceremonias fúnebres de 78 fallecidos en el siniestro en mención. Dicha prestación comprende los servicios de traslado de los fallecidos, suministro de urnas, sepulturas y otros complementarios, como; derechos de sepultación, mantención e inyecciones de conservación".

El contrato no especifica fecha de término.

–Y el gobierno en el SML se comprometió a pagar indefinidamente los gastos de los presos –dice César Pizarro.

Por los servicios, como consta en las facturas, la Subsecretaría pagó $146.926.095 millones a la Funeraria Hogar de Cristo. De ese monto, $8.921.195 millones fueron cancelados a la Administradora Los Parques S.A. que, dice la nota de cobro, es "correspondiente al pago de mantención de cuatro años y derechos de sepultación de las sepulturas individuales de Parque del Recuerdo otorgadas a familias del accidente".

De hecho, hasta 2014 ninguna de las familias recibió aviso alguno sobre cuotas impagas.

Luego de recibir el primer mail del Parque del Recuerdo, en agosto de 2015, César Pizarro le escribió un correo a Álvaro Pérez, en ese entonces abogado del Ministerio de Justicia, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La respuesta, vía mail, fue la siguiente:

" Con relación a las cuotas de mantención el Ministerio de Justicia no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos. Sin embargo, podemos buscar una solución a través de municipios o similares, desde donde se puede encontrar alguna solución para destinar fondos públicos en esto que es de vital importancia".

–Dijeron que lo iban a ver en la Municipalidad. Con eso no pasó nunca nada. Tuvimos reuniones. Con cada autoridad que hablamos, con Tulio Arce, con el Director Nacional de Gendarmería. Pero las autoridades terminaban sus periodos y las reuniones de los 81 quedaban en nada. Siempre nos decían lo mismo: "Lo vamos a ver, lo vamos a ver" –explica César.

Los mails comenzaron a llegarle al resto de las familias de los 81 de San Miguel. Todos exigían lo mismo: había que pagar la mantención de las sepulturas.

César relata que lo empezaron a llamar a sus celulares e incluso al teléfono de su trabajo. Eso, dice, sigue hasta hoy. Y, como al resto de los familiares, a él también le dieron una especie de ultimátum.

–Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas. Casi todos los parientes tienen trabajos de obreros, es complicado. Y ni ellos ni nadie se imagina el dolor de una madre que sabe que a su hijo en cualquier momento lo pueden tirar a una fosa común –dice César.

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Los familiares dicen que en el SML, el gobierno de comprometió a pagar para siempre. Foto EDUARDO BEYER / AGENCIAUNO[/caption]

A casi ocho años del incendio, las familias siguen sufriendo las consecuencias del incendio. Incluso, explica el vocero de los 81, la familia de Francisco Oyarzún –uno de los internos fallecidos, sepultado en el Parque del Recuerdo Cordillera– decidió pagar ante la amenaza de la fosa común.

El pasado 14 de febrero, a las 16:52 horas, César Pizarro recibió otro correo más del Parque del Recuerdo.

–La rabia de las familias es el abandono del Estado. Que toda la gente diga que los 81 están bien muertos, que lo digan, que se desahoguen. Porque lo siguen diciendo actualmente. Pero ellos, los 81, murieron al alero del Estado y el Estado no se ha preocupado ni de mi familia, ni de la de nadie. Y ahora, más encima, tenemos que pagar. Todos los daños colaterales que generó la muerte de los 81 a nadie le importó. Nadie se preocupó, nadie preguntó "¿qué pasó con los 81?". Nos dejaron tirados, ¿y qué voy a hacer si mandan a mi hermano a la fosa común? El Estado tenía a mi hermano preso, él estaba pagando lo que hizo. Y me lo entregaron muerto –explica Pizarro.

A las 17:35 del pasado miércoles 14 de marzo, César recibió un nuevo mail.

" Asunto: Parque del Recuerdo le informa

Estimado cliente,

Parque del Recuerdo le informa a usted que aún registra una deuda por concepto de Mantención Anual, la que debe ser pagada a la brevedad. Es importante considerar que, a la fecha, ya se han generado intereses y gastos de cobranza".