Leyes a la carta; justicia a la carta

Terminaba el año 2008 y en plena tramitación de la nueva ley de medioambiente, el asesor legal en temas medioambientales de la empresa SQM Andrés Fernández confeccionaba una minuta de indicaciones al proyecto de ley que se le hizo llegar a diversos parlamentarios, según publicaba la Tercera hace casi un año. Esta semana, el Centro de Investigación Periodística Ciper comparó dicha minuta con la ley que resultó finalmente aprobada. Las coincidencias son asombrosas. Al menos 9 de las indicaciones señaladas en la minuta, todas ellas obviamente favorables a la empresa, se terminaron convirtiendo en ley de la República. Consultados varios de los entonces diputados sobre este hecho, señalan no recordar detalles y niegan haber influido en el proyecto de ley en favor de los intereses de SQM, como queriendo hacernos creer que las coincidencias son sólo fruto de la casualidad.

Esta forma de legislar desgraciadamente no ha sido la excepción. En efecto, similar procedimiento y resultado se obtuvo con la tramitación de la ley del Royalty minero que estableció la invariabilidad tributaria. Nuevamente la incautación de la correspondencia electrónica al interior de la empresa SQM permitió develar que a mediados del año 2010 las minutas que fueron preparadas por los abogados de la empresa terminaron también por convertirse en Ley de la República en un detallado recorrido de la minuta que -como el testimonio de una carrera de velocidad- se traspasó desde los abogados de la compañía a sus ejecutivos y luego a ministros de Estado y de ahí al Parlamento. Otra vez la coincidencia entre la minuta de la empresa y la ley que finalmente se promulgó es evidente. Cálculos conservadores indican que el beneficio para la empresa por estas modificaciones rondó los 100 millones de dólares.

Finalmente, y gracias a la información que se ha obtenido en la causa denominada Corpesca se ha conocido en detalle la manera en que a mediados del año 2012 el gerente general de dicha empresa instruía a un senador de la República de la manera que debía ser votada la ley de Pesca de tal manera que se protegieran los intereses de la compañía. Efectivamente la mayor parte de esas indicaciones se aprobaron y se convirtieron en ley de la República.

Adicionalmente a ambas empresas, Corpesca y SQM, se les ha imputado haber pagado importantes sumas de dinero para sobornar a funcionarios públicos y también a parlamentarios para financiar sus campañas.

Los hechos descubiertos a partir de la investigación de la Fiscalía son de la máxima gravedad y han provocado razonablemente un alto impacto en la opinión pública. Sin embargo, parecen absolutamente insuficientes las respuestas que los involucrados y el propio sistema político han dado a la situación. ¿No debiera acaso el propio Senado y Cámara de Diputados pronunciarse? Hay parlamentarios en ejercicio que han participado en estos hechos y se menciona también como patrocinadora de la iniciativa del Medioambiente a la actual ministra de la cartera. La simple negativa o el indicar no recordar los hechos es insuficiente. También debieran activarse los mecanismos de autocontrol, que tanto se defienden, como son los comités de ética en el Congreso y al interior de los propios partidos políticos. Ninguna respuesta de ellos se ha escuchado. Probablemente se prefiere simplemente que la noticia pase lo más desapercibida posible y evitar nuevos cuestionamientos.

La Fiscalía tampoco lo ha hecho mejor. Conviven en su interior distintos tratamientos que no tienen explicación posible. Por una parte, en el Caso Corpesca, correctamente a mi juicio, se han efectuado imputaciones por los hechos a las personas naturales y jurídicas involucradas y el Fiscal Regional ha descartado la posibilidad de salidas alternativas. Junto a ello, en el caso Penta sin explicación alguna el Fiscal Regional que previamente había declarado en diversos medios de prensa que la imputación por cohecho era intransable ha anunciado un juicio abreviado desestimando dicho delito. Y en el caso SQM a la persona jurídica se le otorgó una salida alternativa previo pago de tan sólo 4 millones de dólares. ¿Cómo se explica tan desigual trato ante situaciones semejantes?

La confianza en Chile en las instituciones está en sus niveles más bajos históricos. Sólo un 15% de los chilenos dice confiar en su sistema de justicia. El más bajo de la OECD, sólo superando a Ucrania. Mucho más bajo incluso que países como México y Perú. La única manera de recuperar la confianza en las instituciones es aplicando un mandato básico y elemental. El principio de la igualdad ante la ley.

De otra manera queda la sensación que así como se han hecho leyes a la carta, se termina haciendo también justicia a la carta.