Megafraude tributario: exfuncionaria del SII revela ante la Cámara que denunció irregularidades en 2017

Domicilios, giros y mandatarios que se repetían, además de altas cifras de facturación fueron algunas de las alertas que las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII) no escucharon en 2017.

Estos antecedentes han comenzado a quedar expuestos en la comisión investigadora de la Cámara, que preside la diputada Camila Musante (Independiente), encargada de indagar responsabilidades políticas y administrativas a partir del “Megafraude Tributario”.

Por este caso -hoy en manos de la justicia y que involucra a más de 100 empresas, que desde 2014 emitieron miles de facturas ideológicamente falsas-, ya fueron arrestadas 50 personas, al constatarse delitos por más de $ 240 mil millones.

Sin embargo, respecto de la Cámara, los primeros testimonios han expuesto situaciones graves, a juicio de los parlamentarios integrantes de la comisión investigadora.

Una de las declaraciones más impactantes fue la de la exdirectora regional metropolitana del Servicio de Impuestos Internos, Silvia León, quien señaló a los diputados que ella personalmente denunció en diciembre de 2017, ante sus superiores la existencia de una red de contribuyentes que estaba defraudando al Fisco, a partir de alertas levantadas por el propio equipo de fiscalización a su cargo.

“No vengo preparada, pero sí tengo toda la información que puedo compartir con ustedes”, dijo la exdirectora regional, al exponer, el pasado lunes en la noche ante la comisión investigadora, donde señaló que entonces el servicio no le dio el peso a las sospechas que generaba la repetición de giros, de mandatarios y de domicilios. “Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban en tres meses con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses facturaba una empresa, sin ser filial de la Coca Cola. Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido, en tres meses. Sin que el SII reaccionara”.

“Estoy en condiciones de decir que los propios funcionarios del servicio pusimos en conocimiento de la alta dirección el comienzo de estas redes ilícitas”, dijo.

“Hace 3 años me retiré del servicio, pero me tocó en mi calidad de directora regional ser la persona que alertó a las autoridades del servicio de la conformación, las primeras interacciones que estaban teniendo los contribuyentes, a raíz de las distintas facilidades... para que las personas pudiesen constituir su empresa rápidamente (la llamada Ley Empresa en un Día de 2013, que simplificaba el régimen de constitución de sociedades comerciales)”, relató León.

“Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa”, argumentó.

“Rápidamente se comenzó a ver, de los propios funcionarios, los propios funcionarios de primera línea de atención, los fiscalizadores de la primera línea de atención. Fueron ellos los que fueron detectando con esta interacción diaria, que tenían con las personas que concurrían a hacer trámites. Fueron ellos los que empezaron a darse cuenta. Ese olfato que lamentablemente por la modernidad hoy día se perdió”, precisó.

La exfuncionaria explicó que al “tener a una persona al frente que viene a ser un trámite y que estaba tremendamente nerviosa, tremendamente incómoda ante las preguntas del funcionario de primera línea, fue generando estos indicios de que algo no estaba bien”.

“Los propios funcionarios empiezan a juntar antecedentes y a ponerlo en conocimiento de su jefatura de la primera línea de atención”, agregó.

“Cuando en la dirección regional Santiago Centro se observa lo que estaba apareciendo detrás, los montos que se estaban involucrando, que no eran menores, procedí en cumplimiento de la labor que desarrollaba, a comunicarlo a las altas autoridades del servicio, en forma absolutamente oficial y formal, no solo indicando la detección de estas redes ilícitas que se estaban generando, sino que además indicándole al director del servicio cuáles eran las medidas de fiscalización, que estábamos tomando”.

Silvia León informó a los diputados que la primera alerta se realizó mediante un correo del 6 de diciembre de 2017. Luego, el 15 y 18 de enero de 2018, se envían nuevas comunicaciones con “un detalle pormenorizado al director del servicio y con copia a todos los subdirectores pertinentes”, informando montos, la cantidad de empresas y “documentos de dudoso origen”.

En vista de estas revelaciones, la diputada Musante tomó el acuerdo de la comisión para enviar directamente al Ministerio Público los nuevos antecedentes que apuntan a la posible responsabilidad del exdirector del SII, Fernando Barraza.

“A mí me parece que es fundamental que se investigue si existió una omisión negligente de su parte (Fernando Barraza) al tomar conocimiento de los antecedentes que devela la exfuncionaria y exdirectora regional metropolitana, Silvia León”, dijo la legisladora oficialista.

“Dentro de la comisión de Megafraude, ella fue muy clara en que la comunicación fue formal y fue vía correo electrónico con el exdirector Fernando Barraza. Ahora yo creo que este nuevo director, el actual, Hernán Frigolett, debiese también definir postura. ¿Van a perseguir la responsabilidad penal eventual sobre Fernando Barraza? Van a determinar como servicio por qué si en 2017 existieron alertas desoídas de parte de los funcionarios y no se realizaron acciones tendientes a perseguir la responsabilidad de los delitos tributarios, sino hasta muchos años después?”

“Quiero saber si es que el actual director va a perseguir esa responsabilidad penal”, concluyó Musante.