PC demandará al Tribunal Constitucional por "excederse" en sus atribuciones
El análisis es que la resolución del Tribunal respecto de la despenalización del aborto en tres causales intervino en las facultades privativas del Congreso Nacional por lo que pretenden que la justicia civil le ponga límites a la institución.
El próximo miércoles los diputados del Partido Comunista presentarán una demanda inédita en contra del Tribunal Constitucional. El escrito, que está siendo elaborado por el equipo jurídico de la Bancada del PC, dirigido por el abogado Luis Cuello, busca establecer la nulidad de derecho público, que se invoca cuando un órgano del Estado actúa – entre otras causales- fuera de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le ha otorgado.
Esto es lo que, estiman en el PC, ocurrió en el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que, tras la intervención del TC, permitió la objeción de conciencia institucional.
Este tema había sido largamente discutido en el debate legislativo. Así, en el proyecto aprobado en el Congreso quedó establecido en el artículo 113 ter que " La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución." El Tribunal Constitucional, suprimió la frase "en ningún caso".
El análisis del PC es que la resolución del Tribunal intervino en las facultades privativas del Congreso Nacional por lo que pretenden que la justicia civil le ponga límites a la institución.
"Indudablemente el tema es la actitud antidemocrática de este engendro pinochetista que es Tribunal Constitucional. Con sus dictámenes vulnera la soberanía popular y distorsiona las leyes que se aprueban en el parlamento, como ocurre en este caso la llamada objeción de conciencia institucional", aseguró a La Tercera PM el jefe de bancada, Daniel Nuñez.
La acción se da en medio de una fuerte arremetida política por modificar la forma en que opera el TC. Sólo ayer ingresaron al parlamento de dos iniciativas de modificación de la Constitución que persigue la eliminación del control preventivo de leyes y aumenta las condiciones para sus miembros. Lo que se persigue es que ya no se trate solo de abogados, sino que además puedan acreditar que son expertos en el área constitucional y en el Derecho Público.
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