Víctimas de Karadima reevaluarán acciones judiciales

Los denunciantes de Karadima, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Juan Andrés Murillo, reevaluarán las acciones judiciales que hasta ahora han emprendido, a la luz del contenido de la carta que el Papa entregó a los obispos esta semana en Roma. En ella, sostiene que a raíz del informe de sus enviados a Chile, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, se constata que "no pocos casos han sido calificados muy superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un efectivo delito. Durante la visita se ha constado también la existencia de presuntos delitos investigados solo a destiempo o incluso nunca investidos, con el consiguiente escándalo para los denunciantes y para todos aquellos que conocían las presuntas víctimas, familias, amigos, comunidades parroquiales". Además, habla de que se constataron "gravísimas negligencias" en la protección de menores por parte de obispos y superiores religiosos.

Además, manifiesta que le causó "perplejidad y vergüenza" la lectura de declaraciones que certifican que hubo presiones ejercidas sobre los encargados de "llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y, más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro".

Frente a esta información, el abogado de las víctimas de Karadima, Juan Pablo Hermosilla, dijo a La Tercera PM que "sin duda vamos a reevaluar las acciones legales, con los nuevos antecedentes que se conocen". Agregó que probablemente esto se hará en dos o tres semanas, una vez que hayan podido procesar mejor lo que ha pasado durante estos días en la iglesia chilena.

Actualmente, en la Corte de Apelaciones se tramita la demanda civil que interpusieron contra el Arzobispado, en la que piden una indemnización de $450 millones de pesos por la responsabilidad de la Iglesia Católica en el encubrimiento de los abusos que cometió el ex párroco de El Bosque en su contra. La demanda fue rechazada en primera instancia -en marzo de 2017- y el ministro en visita Juan Muñoz Pardo señaló en su fallo que  "la valoración de la prueba rendida por la demandante, apreciada legalmente en conjunto con los descargos y argumentos de la demandada, no permiten formarse convicción acerca de la existencia de la coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago en desmedro y sufrimiento de los actores por insuficiencia probatoria".

"No resulta posible configurar encubrimiento de los abusos sexuales por parte del Arzobispado ya que no hay prueba alguna a su respecto",añade. Ante ello, el Arzobispado emitió un comunicado en el cual manifestaba "nuestra conformidad con que el fallo haya descartado la existencia de encubrimiento y complicidad de parte del Arzobispado de Santiago (en los abusos de Karadima)".

"Nuestra institución actuó de buena fe, sobre la base de los antecedentes que tuvo disponibles, y las autoridades de la Iglesia de Santiago nunca cooperaron en los abusos sexuales cometidos por Karadima, ni tampoco impidieron su descubrimiento y sanción", añade la declaración.