La pareja de Ayuso propuso a Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros para evitar juicio

En esta fotografía tomada y publicada por la Comunidad de Madrid (gobierno regional de Madrid) el 17 de febrero de 2022, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace una mueca durante una aparición en la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional. Foto: Archivo

González Amador reconoció fraude fiscal y falsedad documental en los años 2020 y 2021, aceptando la autoría única como administrador de la sociedad. Las fuentes cercanas a los abogados sugirieron que se filtraron datos privados desde la Fiscalía y recordaron que eso está penalizado.


El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel, así como pagar más de medio millón de euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

Así consta en la propuesta de conformidad penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que “acepta íntegramente” la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021″ y su “autoría” como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL.

La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también “una multa del 40% de la cuota defraudada”, lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros.

Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta “supuesta regularización” no puede “operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”, con lo que está “completamente de acuerdo”.

“Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer”, recoge el escrito.

Asimismo, la defensa de Alberto G.A. plantea “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses”.

Tras esta información, fuentes cercanas a los abogados de Alberto G.A. han apuntado que “ya es más que evidente que los datos privados de un ciudadano se están filtrando desde la Fiscalía”. “Una cacería que nunca se ha visto”, señalan las mismas fuentes, que recuerdan que “la filtración está penada con cárcel”.

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