Cinco jornadas de protestas se cumplieron este domingo en Nicaragua. Desde el miércoles que los nicaragüenses han salido a las calles para manifestarse en contra de las reformas a la seguridad social, anunciadas el lunes pasado por el Presidente Daniel Ortega. Sin embargo, hoy el mandatario anunció en un mensaje televisado la cancelación de la polémica reforma, que desató violentas protestas que dejaron un saldo de al menos 27 muertos, según informaron varias ONG.

Ortega declaró que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) tomó la decisión "revocando la resolución anterior del 16 de abril pasado, que fue la que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación".

Además, tal como ya lo había mencionado en su discurso televisado la tarde del sábado, el jefe de Estado comparó a los manifestantes con "pandilleros". "Esto nos obliga a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas. Combatirlas para que no sigan actuando de la forma que actúan, que no se sigan matando entre ellos mismos y que no vayan a asaltar establecimientos", dijo. En su mensaje entregado un día antes, Ortega había denunciado que "unas minorías" estaban manipulando a la población para crear el caos y que hasta habían incorporado a "pandilleros" en las protestas y que a eso se debía la represión de las fuerzas policiales. Además, anunció que conformaría una mesa de diálogo con la Iglesia Católica para discutir las reformas que den estabilidad financiera al sistema de pensiones.

La violencia y la tensión en las calles llegó a tal punto que el domingo se produjeron saqueos en tiendas y supermercados, generando una escasez de productos. Además, la madrugada del sábado, Ortega ordenó el despliegue de los soldados del Ejército en distintas ciudades del país, especialmente para resguardar las instituciones públicas, puesto que el gobierno de Nicaragua denunció la destrucción de edificios estatales, supuestamente provocado por los manifestantes.

Dentro de los fallecidos, la noche del sábado los medios locales informaron la muerte de un periodista de televisión, quien fue asesinado a tiros mientras transmitía en vivo a través de Facebook sobre las protestas, en la ciudad caribeña de Bluefields.

El mensaje entregado por Ortega el sábado -previo a la derogación de la reforma- sirvió para que las protestas se intensificaran, puesto que el Mandatario manifestó su disposición a dialogar, pero solo con el sector empresarial.

La criticada reforma proponía nuevas tasas de aportes al seguro social, en las que los empleados pasarían a dar al seguro del 6,25% al 7% de su salario, los empleadores pasarían de pagar el 19% al 22,5% de los salarios de sus trabajadores, y los jubilados tendrían que contribuir con el 5% de su pensión. Según el gobierno, estas medidas buscaban "garantizar la sustentabilidad financiera" del INSS por un período de 10 años, puesto que según datos del Banco Central, tiene déficit desde hace varios años.

Los manifestantes también denunciaban fraudes electorales, actos de corrupción, un alza en el costo de la vida y el actuar impune de la policía, entre otros temas.

La ascendente cifra de fallecidos en las manifestaciones alarmó al mundo. El Papa Francisco señaló estar muy preocupado por lo sucedido. "Expreso mi cercanía con la oración por este amado país y me uno a los obispos para pedir que cese toda violencia", dijo esta jornada en la plaza de San Pedro del Vaticano .

La Unión Europea también expresó su preocupación e instó a Nicaragua a resolver las diferencias "a través del diálogo inclusivo". "Las protestas deben llevarse a cabo pacíficamente, y las fuerzas de seguridad pública deben actuar con la máxima moderación", señaló el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

Estados Unidos también condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. "Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y otras personas, contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión", señaló la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert.

Ante esta situación, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua había condicionado el diálogo planteado por el gobierno, al cese inmediato de la "represión". "No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo", dijo el Cosep en un comunicado.

Hoy, también el canciller chileno, Roberto Ampuero, se refirió a la situación en Nicaragua y manifestó que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú -los mismos que suspendieron temporalmente su participación en la Unasur- expresaron su preocupación y lamentaron la represión en el país. "Estos gobiernos le han solicitado al gobierno de Nicaragua que actúe con el máximo de prudencia para seguir evitando la violencia", declaró Ampuero.