Tal como lo ha hecho desde que llegó a la Casa Blanca con otras controvertidas medidas migratorias, el Presidente, Donald Trump, cedió nuevamente a las presiones y firmó este miércoles una orden ejecutiva que pondría fin a la separación de las familias cuando cruzan de manera ilegal a través de la frontera con México. Sin embargo, esto no supone que los más de 2.300 niños que han sido detenidos y separados de sus padres desde mayo se reúnan de manera inmediata con sus respectivas familias. Además, Trump insistió que la política migratoria de "tolerancia cero" seguirá vigente.

"Vamos a tener fronteras fuertes, muy fuertes, pero vamos a mantener a las familias juntas", anunció el mandatario republicano. "No nos gusta ver a las familias separadas. Al mismo tiempo, no nos gusta que la gente entre ilegalmente en nuestro país. Esto resuelve el problema", añadió en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval.

Al menos 2.342 niños inmigrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales.

De acuerdo con la orden firmada por Trump, los funcionarios continuarán procesando criminalmente a todos los que cruzan ilegalmente la frontera, pero se buscarán o construirán instalaciones que puedan acoger a las familias mientras sus casos pasan a las cortes.

Según el diario The New York Times, la orden ejecutiva de Trump llevó a que los abogados del gobierno pidieran una modificación al acuerdo Flores de 1997, que establece que los menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante un máximo de 20 días.

Muchos de los niños detenidos actualmente en instalaciones especiales en Texas llevan más de un mes, entre ellos varios recién nacidos y menores de cinco años. De acuerdo con abogados y activistas de DD.HH. la mayoría de los niños se encuentran en un estado de shock y conmoción tras haber sido separados de sus familias. Incluso se ha dado el caso de una mujer guatemalteca, Elsa Johana Ortiz, que fue recientemente deportada, pero cuyo hijo de ocho años aún permanece detenido en Estados Unidos. Esta situación provocó críticas desde el Papa Francisco, la ONU, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto y organismos como Human Rights Watch.

En abril, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció una política migratoria en la frontera de "tolerancia cero", en la que el Departamento de Seguridad Nacional, que está cargo de las fronteras, comenzó a derivar al Departamento de Justicia a los inmigrantes que eran capturados cruzando ilegalmente, para que fueran procesados por delitos criminales en una corte federal. Así, los padres que entraron de esa forma a Estados Unidos fueron separados de sus hijos.

La revista Time explicó que si bien hay leyes y jurisprudencia respecto de cómo los niños deben ser tratados en la frontera, ninguna norma establece la separación de los padres de sus hijos.

Según la organización The Marshall Project, antes de esta política migratoria de "tolerancia cero", la mayoría de los inmigrantes que eran capturados en la frontera eran procesados por violaciones migratorias en cortes que deciden sobre estas materias y no en cortes federales criminales. Algunos eran deportados rápidamente, pero muchos de los provenientes de Centroamérica le decían a las autoridades fronterizas que tenían miedo de retornar a sus países y pedían asilo. Muchos de los solicitantes de asilo eran detenidos por algún tiempo y otros eran liberados para que sus casos fueran escuchados en alguna corte del país mientras ellos estaban en libertad. Pero todo cambió tras la orden de Sessions.

El último reporte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), divulgado el martes, alertó sobre un aumento de refugiados y solicitantes de asilo en Estados Unidos de personas procedentes del norte de Centroamérica. El informe señala que los solicitantes de esta zona representaron el 43% del total de solicitudes de asilo que recibió Estados Unidos y el número de peticiones aumentó un 44%, alcanzando niveles que no se registraban desde la década del 80. Los ciudadanos de El Salvador constituyeron la nacionalidad más representada, con 49.500 solicitudes, casi un 50% más que en 2016. Los ciudadanos guatemaltecos y hondureños fueron los siguientes con 35.300 y 28.800 solicitudes en 2017, respectivamente.

De todos modos, Trump no ha sido el único Presidente que ha tenido que lidiar con olas migratorias. En 2005, el republicano George W. Bush puso en marcha la operación "Streamline", inicialmente en Texas y luego expandida a otras zonas de la frontera, que buscaba procesar por la vía criminal a los inmigrantes ilegales, con la excepción de las familias con menores. The Marshall Project señala que ahora, con Trump, es la primera vez que un proceso criminal se ha aplicado para todos los cruces ilegales de la frontera.

El plan de Bush es considerado el origen de las políticas de "tolerancia cero" de Trump y fue empleado en ocasiones muy puntuales incluso por el gobierno de Barack Obama (2009-2017). Pero en 2014, el mandatario demócrata violó el acuerdo Flores cuando se produjo una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica. Tal fue la polémica que una corte falló que el límite de los 20 días de arresto debía aplicarse sólo a los niños. Luego, durante el segundo mandato de Obama, se planteó la idea de criminalizar a los ilegales, con la consiguiente separación familiar, pero finalmente nunca se puso en marcha.