La administración del presidente estadounidense Donald Trump anuló la directriz de la era de la administración del demócrata Joe Biden que requería que los hospitales proporcionaran abortos de emergencia cuando fuera necesario para estabilizar la salud de una paciente, incluso en estados que prohíben el procedimiento. Los expertos médicos prevén que este cambio de política sembrará el caos en los hospitales y pondrá en peligro a las embarazadas en todo Estados Unidos.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron el cambio el martes, diciendo que la directriz ahora obsoleta no “reflejaba la política de esta Administración”. Para dichos centros, que son una rama del departamento dirigido por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., no fue una sorpresa.

Sin embargo, contribuyó a la creciente confusión en torno a la atención médica de emergencia y los abortos desde junio de 2022, cuando la Corte Suprema anuló el derecho nacional a la interrupción del embarazo al anular la decisión del caso Roe vs Wade.

El gobierno no informó explícitamente a los hospitales que tenían la libertad de rechazar a las mujeres que buscaban un aborto en emergencias médicas. Su declaración de política indica que los hospitales seguirían sujetos a una ley federal que les exige brindar atención de salud reproductiva en situaciones de emergencia. Sin embargo, no explicó exactamente qué significaba eso.

De momento, los CMS, que supervisan los hospitales, dijeron en un comunicado que seguirán haciendo cumplir la ley federal, “incluso en casos de emergencias médicas identificadas que pongan en grave peligro la salud de una mujer embarazada o de su hijo por nacer”.

La ley que dejó Biden

El gobierno de Joe Biden emitió la guía en julio de 2022, semanas después de que la Corte Suprema anulara la sentencia del caso Roe vs Wade, que puso fin al derecho nacional al aborto, para aclarar que una ley federal que garantizaba la atención de emergencia para pacientes en riesgo prevalecía sobre las prohibiciones estatales del aborto.

La política de Biden resultó en acciones judiciales: la administración demócrata demandó a Idaho, y Texas hizo lo propio contra el gobierno. Ambos estados afirmaron que sus leyes que restringen el aborto prevalecen sobre la ley de emergencia médica. Idaho tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país, ofreciendo una excepción solo cuando la vida, no la salud, de la madre está en riesgo.

En el caso de Idaho, el gobierno argumentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado que la ley de ese estado contradecía la ley federal, que exige un tratamiento estabilizador que evite que la condición de la paciente empeore.

Biden argumentó que los hospitales, incluidos aquellos en estados con prohibiciones casi totales, debían proporcionar abortos de emergencia bajo la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo. Esta ley exige que las salas de emergencia que reciben fondos de Medicare brinden un examen y tratamiento estabilizador a todas las pacientes. Casi todas las salas de emergencia en EE.UU. dependen de los fondos de Medicare.

Una investigación de la agencia The Associated Press (AP) del año pasado descubrió que, incluso con las directrices de la administración Biden, decenas de mujeres embarazadas estaban siendo rechazadas en las salas de emergencia, incluidas algunas que necesitaban abortos de emergencia.

Tal es el caso de Kyleigh Thurman (36), una mujer estadounidense que, según reportó AP este miércoles, acudió a urgencias con signos evidentes de embarazo ectópico, una condición potencialmente mortal en la que el embrión se implanta fuera del útero.

Pese a que el personal médico detectó anomalías hormonales, una obstrucción en las trompas de Falopio y que no se veía el embarazo en su útero, la enviaron a casa con un folleto sobre aborto espontáneo y sin un diagnóstico claro. Días después, regresó dos veces más al hospital con sangrado y finalmente sufrió la ruptura de la trompa, lo que la obligó a una cirugía de emergencia para salvar su vida.

Una investigación federal concluyó que el hospital violó la ley al no brindarle inmediatamente el tratamiento que requería, poniendo en grave riesgo su salud.

La postura del personal de salud

La decisión de la administración Trump no es inesperada, pero probablemente incomodará a los profesionales de la salud, especialmente si ejercen en estados con leyes de aborto severas, según afirmó Kelly Gillespie, directora del Centro de Estudios de Derecho de la Salud de la Universidad de Saint Louis, a The Washington Post.

Las directrices de la era Biden buscaban no solo proteger a las pacientes embarazadas, sino también brindar claridad a los profesionales de la salud en estados con leyes de aborto estrictas. “Los proveedores son simplemente humanos”, dijo. “Es muy natural que eviten cualquier cosa que pueda ponerlos en serios problemas legales”.

Cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió la guía en 2022, su objetivo era reforzar la posibilidad de que los profesionales de la salud interrumpieran un embarazo en situaciones de emergencia, en medio de una nueva serie de prohibiciones estatales al aborto.

La ley en cuestión, la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), se promulgó en 1986 y exige que los hospitales financiados con fondos federales estabilicen o transfieran a las pacientes que requieren atención de emergencia.

En un comunicado emitido el martes, los CMS afirmaron que seguirán aplicando la EMTALA, incluso en casos de emergencias médicas que pongan en grave peligro la salud de una mujer embarazada o de su hijo por nacer. La agencia añadió que trabajará para corregir cualquier confusión e inestabilidad legal percibida, generada por las acciones de la administración anterior.

“Básicamente, da luz verde a los hospitales en estados republicanos para que rechacen a las mujeres embarazadas que están en peligro”, dijo a The New York Times Lawrence O. Gostin, experto en derecho sanitario de la Universidad de Georgetown, sobre la medida de la administración Trump.

Un informe de ProPublica reveló que al menos cinco mujeres han muerto como consecuencia de la prohibición del aborto desde la anulación del caso Roe vs Wade. La mayoría de los expertos en salud reproductiva creen que la cifra es mucho mayor de lo informado.

“Ya sabemos que mujeres han muerto porque los médicos no actuaron por temor a lo que podrían o no podrían hacer bajo ciertas prohibiciones estatales”, dijo Dana Sussman, vicepresidenta sénior de Pregnancy Justice, una organización sin fines de lucro de justicia reproductiva, al medio The Intercept.

“Sabemos que mujeres han muerto por miedo a recibir atención médica, porque se autogestionaron abortos. Sabemos que morirán más mujeres, y probablemente haya mujeres que hayan muerto, y nunca sabremos sus nombres”, añadió Sussman.

Defensores y opositores

La medida provocó inquietud entre algunos médicos y defensores del derecho al aborto, quienes afirman que las mujeres no podrán acceder a abortos de emergencia en estados con prohibiciones estrictas.

“La Administración Trump preferiría que las mujeres murieran en urgencias antes que recibir abortos que les salvarían la vida”, declaró Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, a la agencia AP.

“Al retirar las directrices, esta administración alimenta el miedo y la confusión que ya existe en los hospitales de todos los estados donde el aborto está prohibido. Los hospitales necesitan más directrices, no menos, para evitar que rechacen a pacientes que atraviesan crisis de embarazo”, añadió.

Mary Ziegler, profesora de la Universidad de California-Davis e historiadora del debate sobre el aborto en Estados Unidos, dijo al Times que “ya hemos visto desde la revocación de Roe que la incertidumbre y la confusión tienden a significar que los médicos no están dispuestos a intervenir, y cuanto más reacios estén los médicos a intervenir, mayor es el riesgo en el embarazo”.

“Esto no es solo retirar lo que hizo la administración Biden”, dijo. “Está generando muchas preguntas sin respuesta sobre lo que se supone que deben hacer los hospitales en el futuro. Por lo tanto, más confusión significa mayor riesgo”, añadió.

Mientras tanto, los opositores al aborto se mostraron satisfechos y elogiaron el anuncio. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, una ONG que busca terminar con el aborto en Estados Unidos, declaró que la política de la era Biden había sido una forma de ampliar el acceso al aborto en los estados donde estaba prohibido.

“Los demócratas han generado confusión sobre este hecho para justificar su extremadamente impopular agenda de abortos durante todo el trimestre”, dijo. “En situaciones donde cada minuto cuenta, sus mentiras provocan retrasos en la atención y ponen a las mujeres en un peligro innecesario e inaceptable”.

Mientras que Roger Severino, vicepresidente de política nacional de la conservadora Heritage Foundation, quien formó parte del primer gobierno del mandatario republicano, declaró: “El presidente Trump prometió desmantelar el radicalismo abortista heredado de su predecesor, y hoy otro mandato abortista se desvanece”.

En el comunicado, CMS agregó que también “rectificaría cualquier confusión legal percibida e inestabilidad creada por las acciones de la administración anterior”.