Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida para definir si el país aprobaba o rechazaba la propuesta de nueva Constitución, tres alcaldes de pueblos originarios destacaron elementos del borrador que, a su criterio, deberían ser considerados en el eventual desarrollo de un segundo texto, como por ejemplo, el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas o el derecho a la autonomía y autogobierno.

Se trata de los alcaldes de Isla de Pascua, Pedro Edmunds (PRO) -de ascendencia rapanui-; de Colchane, Javier García (Independiente) -de ascendencia aimara-, y de Ollagüe, Humberto González (Independiente) -de ascendencia quechua-.

Asimismo, manifestaron sus reparos respecto de la “huella indígena” del borrador, por cuanto consideran que faltó especificar el contenido de parte del texto, lo que generaba incertidumbre respecto de lo que después pudiese definir el Congreso.

De estas tres comunas, solo en Isla de Pascua ganó el Apruebo, con un 56%. En la Región de Valparaíso -donde está situada administrativamente-, esa opción perdió con el 42% de las preferencias. En Colchane y en Ollagüe, en cambio, el Rechazo ganó con el 95% y 78% de los votos, respectivamente. En sus regiones, Arica y Parinacota, y Antofagasta, esta opción se impuso con el 67% y 63% de las preferencias.

Asimismo, el Rechazo también se impuso en la Región de La Araucanía, donde hay una importante presencia de población mapuche, y venció con el 74% de los votos.

Los alcaldes atribuyen el triunfo del Rechazo a la distancia del texto con las demandas de la ciudadanía. “Faltó escuchar”, señala González.

El jefe comunal de Colchane, por su parte, atribuye el triunfo a que “se puso mayor énfasis en aspectos que no son tan importantes para lo que demanda el pueblo hoy desde la revuelta, como seguridad, AFP, salud, educación y, sobre todo, migración. Cuestiones que afectan directamente a las familias chilenas”.

Para su par de Ollagüe, la respuesta es similar: ganó esta opción porque faltó “hacer lo que pedía la gente. Eso fue fundamental para que este borrador no se aprobara”.

El representante de Rapa Nui, en cambio, señala que ganó el Rechazo por la cobertura que los medios de comunicación realizaron de la Convención: “Uno veía cómo entraban y salían a los matinales políticos invitados de la derecha para despotricar el trabajo que se estaba haciendo y tergiversar verdades. Eso llevó a que la ciudadanía tuviera dudas y temor, porque instalaron el miedo”.

Uno de los elementos que generaron controversia durante la Convención y la campaña del plebiscito fue el de la plurinacionalidad.

Se trataba de un eje transversal del texto que señalaba que el Estado chileno estaría compuesto por “diferentes naciones”. Sin embargo, no todos los integrantes de las comunidades indígenas estaban de acuerdo con este concepto. Al menos así lo señalan el alcalde de Rapa Nui y el de Colchane.

Edmunds dice que “nunca estuve de acuerdo con esa semántica. Esto de compararnos con países que son mayoría indígena, como Bolivia, Ecuador, Colombia... (...) no es el caso chileno, porque somos pocos y estamos divididos, segregados, geográfica y culturalmente hablando”.

García plantea algo parecido: “Para instaurar un Estado plurinacional hay que ponerse en el contexto de cada país (…), como Bolivia, donde el 60% de los habitantes son indígenas, cuestión que en Chile, por una tema cultural y de que los pueblos indígenas son minoría, se hacía difícil que los chilenos pudieran optar por un país plurinacional”.

Por otro lado, agrega que hoy “existe un rechazo incluso desde algunos pueblos indígenas y sectores de pueblos indígenas, que no están de acuerdo con el Estado plurinacional, inclusive. Por ejemplo, el pueblo aimara, que en particular está bien adaptado a vivir o a convivir y ser chileno, además de ser aimara”, agregó.

En cambio, el alcalde de Ollagüe toma distancia de esa apreciación y rescata del texto el eje de la plurinacionalidad: “Para mí era un reconocimiento ancestral de las etnias indígenas que vivían antiguamente acá en Chile, que no era llamado Chile, era de los pueblos indígenas, que estaban asentados acá. Y después pasó a llamarse Chile. La plurinacionalidad realmente no se entendió (...), creo que pudo haberse explicado mejor, o contextualizado en alguna ley que pudiera ser satisfactoria para ambas partes”.

Los alcaldes reparan en que la falta de claridad respecto de algunos artículos, o la disposición de dejar las definiciones en manos del Congreso, dejaba abierto el texto a muchas interpretaciones. Por ejemplo, señalan que eso sucedió en el articulado de las autonomías territoriales y la justicia indígena.

“Me parecía un texto muy ideologizado, alejado de la realidad de los territorios, que se quiso vender como un texto indigenista, que no poseía contenido preciso de cómo se iba a implementar. Y por cierto era muy vago y daba para mucha interpretación, por lo cual me trajo desconfianza”, comenta el alcalde de Colchane.

El jefe comunal se refiere específicamente a la distinción que planteaba el texto entre el Sistema Nacional de Justicia y los Sistemas Jurídicos Indígenas: “Conociendo la legislación chilena, y sabiendo que no existe el derecho propio aimara (...), difícilmente se podría llegar a aplicar una justicia propia aimara, no existiendo legislación respecto de ello”, dice García.

El alcalde de Ollagüe comparte dicha aprensión: “Creo que faltó aclarar el cómo se relacionaba el tema de los tribunales, cómo se iba a manejar a nivel interno y ajustarse a la justicia nacional”.

González también tiene reparos respecto de las autonomías territoriales indígenas, porque “faltó comunicar más cómo se iban a hacer las cosas, de dónde iban a salir los recursos (...); si bien es muy ambiguo el concepto, se debió haber aterrizado más específico o explicar hacia dónde apuntaba. Porque la interpretación deja mucho al parecer de cada persona”.

Su par de Rapa Nui también se refiere a esta disposición, para el caso de La Araucanía, donde “es muy amplio el territorio. Entonces llegar a acuerdos es súper difícil y crear este tipo de herramientas crea mayor confusión. No genera una solución en la práctica, y ahí va a ganar el más fuerte, el más pillo, como se dice en buen chileno”.

Los alcaldes de Rapa Nui y Ollagüe plantean la necesidad de continuar con el proceso constituyente.

Edmunds dice que la nueva Carta Magna debe mantener el reconocimiento del Tratado de Voluntades con el Estado de Chile, de 1888, y González, la consulta a pueblos indígenas, la restitución de tierras y el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas. “Que los indígenas podamos mantener y perseverar en todos los derechos que tenemos por ser ancestrales en este territorio”, señala el representante de Rapa Nui.

Para eso, el jefe comunal de Ollagüe señala que “sería bueno una nueva elección y no (convencionales) designados”. Y el de Rapa Nui agrega que los partidos políticos y los independientes propongan candidatos: “A nosotros los ciudadanos nos tocará elegir. Para que lo hagamos a partir de este piso (borrador), de las cosas que creemos que hay que trabajar. Y en las otras cosas en que nos pasamos, para afuera”.

El alcalde de Colchane, en cambio, plantea que no es necesaria una nueva Constitución: “Creo que el pueblo ha sido claro (...) y hoy día es importante que el Congreso, como órgano constituido, pueda reformar aspectos que hoy son importantes para la ciudadanía, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, mejorar la legislación en materia de migración, seguridad, pensiones, salud y educación, que son temas que hoy día sí les importan a los chilenos”.

Por eso, García dice no estar de acuerdo con una nueva Convención Constitucional, “ya que genera incertidumbre, incerteza jurídica, inestabilidad económica y, por supuesto, más gasto fiscal”.