CDE se querella contra cuatro reos de Punta Peuco por pensiones de invalidez

Fue a mediados de 2017 cuando la Fiscalía Centro Norte inició la investigación por presunto fraude al Fisco, en relación al otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase (equivalente a la jubilación de invalidez) entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Hasta ahora, solo había un querellante en el caso, un abogado particular, pero esta semana un nuevo actor entró en escena: el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Así, el 8 de mayo el organismo que defiende los intereses del Fisco se querelló contra cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco por crímenes de derechos humanos, que al momento de ingresar al penal no habrían manifestado a Gendarmería tener algún tipo de enfermedad. En este grupo están Enrique Neira (pensión por $ 2.605.979), Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406), Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687) y Rubén Fiedler (pensión por $ 1.340.000).

Según la querella, "estos pensionados no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen, según sus propios dichos (en la ficha de Gendarmería), ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad".

El CDE también se hizo parte en la investigación que se sigue por pago de pensiones de invalidez contra Emilio Neira Donoso, exoficial de Ejército de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, exoficial de la FACh, y la abogada Patricia Rivera.

La querella del organismo también incluyó al excomandante en jefe de la Fach Patricio Ríos Ponce, así como al general (R) de Brigada Aérea Patricio Franjola.

Sin embargo, el CDE no solo se quedó con los receptores de las jubilaciones. También presentó acciones legales contra los funcionarios que integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las FF.AA. (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), "cuyo diagnóstico dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación".

En este último punto, el CDE solicitó a la fiscalía oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre las personas que han integrado las comisiones de Sanidad que declararon la inutilidad de las personas en contra de las cuales se interpone la presente querella.

El consejo, además, apuntó hacia un tercer grupo de casos: personas que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil "con mayores exigencias físicas e intelectuales que las que desarrollaban en la institución pública".

En ese punto identifican a Patricia Rivera Narváez, quien, según el CDE, recibe una pensión de invalidez de segunda clase por la suma de $ 1.700.000, luego de haber desempeñado funciones de abogada de Capredena, y "actualmente desempeñando labores como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago".

También el CDE apuntó al general (R) Franjola, quien recibe la pensión más alta de Capredena, por $ 6.806.000, tras desempeñarse como auditor de la Fach. Sin embargo, el consejo advirtió que "actualmente" ejerce como abogado en su estudio particular.

La querella señala que los querellados obtuvieron pensiones de invalidez sin presentar ningún tipo de problemas físicos que les hicieran merecedores de esta jubilación. "La presente investigación nos entrega claros indicios de estar en presencia de personas que trabajaban en las distintas ramas de las FF.AA. o en servicios públicos, que se acogieron a una jubilación bajo la modalidad de declaración de inutilidad de segunda clase y que, según lo hemos expuesto en la presente querella, no cumplían con las condiciones para obtener dichos beneficios. Por estos motivos, las jubilaciones percibidas por estos conceptos son totalmente improcedentes y han generado un perjuicio para el Fisco de Chile".

Consultada la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, declinaron referirse al tema dado que aún no han sido notificados oficialmente de la investigación.

Para el diputado PS Leonardo Soto, quien presidió la comisión investigadora de las pensiones en Dipreca y Capredena, "es muy positivo que la justicia comience a investigar sobre el otorgamiento de pensiones de invalidez. Es gente diagnosticada por funcionarios médicos uniformados, en condiciones de absoluto hermetismo, sin que nadie revise ni conozca el diagnóstico que entregan para entregar este beneficio".

Para el abogado de gran parte de los internos en Punta Peuco, Raúl Meza, "el CDE tendrá que acreditar durante la investigación penal si el funcionario de las FF.AA. actuó dolosamente al someterse a toda la normativa legal para el otorgamiento de un beneficio en su jubilación. En caso contrario tendrá que hacerse responsable por la grave imputación penal".