CIDH: niños en Sename de Valparaíso están en "situación de gravedad"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 15 de marzo una resolución que aborda la situación de los menores al interior del centro del Sename Cread Playa Ancha.

Esto, a raíz de una solicitud de medidas cautelares presentada por Esteban Elórtegui Gómez, de la ONG Corporación La Matriz, para que con ello el organismo requiera al Estado la adopción de medidas para la protección de los menores que se encuentran en ese recinto. Según la comisión, la ONG informó "sobre presuntos hechos de maltrato, amenazas y violencia" que habrían ocurrido en contra de niños y niñas del centro entre los años 2015 y 2018. En su presentación, la ONG señaló que en 2012 la Unicef y el Poder Judicial habrían identificado a este centro como uno de "alto riesgo" y que, a finales de 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos habría presentado una querella por presuntas torturas a algunos niños y niñas del Cread.

Por su parte, Chile, en su respuesta a la comisión, fechada el 13 de febrero, señaló que no se cumplen los requisitos del artículo 25 de la Convención Americana sobre DD.HH., el que menciona el derecho a medidas cautelares. Dentro de la contestación, además, reconoció que "no cuenta con un instrumento de evaluación de idoneidad del personal de trato directo que haya sido sancionado administrativamente por maltrato" y aseguró que se está trabajando en un nuevo instrumento de evaluación. El Estado respondió que ha adoptado las medidas frente a la situación y que está colaborando con el Comité de los Derechos del Niño en un procedimiento de investigación confidencial.

Luego de analizar la información entregada, la ONG y la respuesta del gobierno, la comisión considera que los "niños, niñas y adolescentes del Cread se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan una riesgo de daño irreparable".

Es por esto que la entidad realizó un requerimiento a Chile de que "se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal" de los menores, de acuerdo a los estándares internacionales, mientras "el Estado emprende medidas efectivas para promover a través de un plan individualizado la reintegración de los niños y niñas a sus familias". Además, solicitan que se "concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y su representante y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".

El organismo solicitó al Estado que, dentro de 20 días a contar del 15 de marzo, adopte las las medidas cautelares requeridas.

En febrero, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre del centro. El proceso estaría en estudio y aún no tendría fecha.