Denuncia por acoso en hospital de la U. de Chile devela falencias para indagar casos

En medio del complejo escenario que vive la Universidad de Chile, tras las denuncias de acoso sexual en aulas y pasillos de las facultades de Derecho y de Ciencias Físicas y Matemáticas, un nuevo caso mantiene en alerta a las máximas autoridades universitarias: la acusación por acoso sexual y laboral que una alta directiva de la casa de estudios presentó contra el director del Hospital Clínico de la U. de Chile -el J. J. Aguirre-, doctor Jorge Hasbún.

A raíz de las denuncias contra académicos de esta universidad, ganaron fuerza las tomas feministas que mantienen cerradas las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Artes y el Instituto de Comunicación e Imagen. La falta de normativas claras para abordar y sancionar estos hechos y, asimismo, la lentitud y secretismo de los procesos administrativos contra los acusados, son parte de los cambios que exigen los grupos movilizados.

En los últimos dos años, cuatro académicos han sido destituidos por denuncias de acoso sexual y otros cinco casos están siendo revisados por la contraloría interna del plantel.

Pero el caso que impacta a la autoridad de mayor rango es la denuncia por acoso sexual y laboral contra el director del Hospital J. J. Aguirre interpuesta por la doctora Patricia Gómez, directora académica del centro asistencial y senadora universitaria de la casa de estudios. Debido a que el denunciado tiene el mismo nivel jerárquico que un decano, la acusación fue hecha ante el propio rector Ennio Vivaldi, quien designó a una decana como fiscal investigadora.

Según el testimonio de Gómez ante la fiscal, Hasbún le habría realizado sugerencias de índole sexual, invitándola a un hotel y, ante su negativa, la máxima autoridad hospitalaria habría comenzado un acoso laboral al excluirla de proyectos, no considerar sus opiniones profesionales y dificultar el cumplimiento de sus funciones. Por casi dos años Gómez se sintió presionada, hasta que finalmente decidió denunciar los hechos.

Consultada al respecto, la directiva declinó referirse al caso, asegurando que "debí jurar y prometer que no hablaría del tema mientras el proceso no estuviese cerrado". Aun así, la doctora Gómez dijo tener "confianza en que lo que se ha intentado hacer en esta rectoría con la instauración de la oficina de género, efectivamente va a dar fruto y se va a poder hacer justicia en estos casos, sin importar quien sea la persona que esté involucrada".

Su caso no es el único conocido en el recinto de la comuna de Independencia. La Tercera contactó a una exdirectiva del hospital, quien pidió reserva de su identidad, y quien por motivos similares renunció a su cargo en 2017, tras casi 20 años de trabajo en esta repartición. "Hasbún muchas veces tiene un trato inadecuado hacia las mujeres del hospital, un trato de acoso, que no corresponde al director y que pocas se atreven a denunciar por miedo. Estos no son hechos aislados", aseguró. Su denuncia, detalla, también fue de conocimiento del rector, sin que se aplicaran sanciones.

Según altas fuentes de la universidad, una tercera denuncia contra Hasbún llegó en los últimos días a la Dirección de Igualdad de Género.

Pero el doctor Hasbún se defiende. Asegura estar con "la conciencia absolutamente tranquila, porque he tenido la confianza de las autoridades superiores para dirigir una institución de más de 3 mil personas, con una trayectoria muy conocida en la universidad. Estoy muy tranquilo, confío en que las autoridades tomen las responsabilidades que correspondan y hagan los procesos que estiman conveniente, y estoy seguro de que saldré airoso de cualquier evento de este tipo", dice.

Los conflictos dentro del hospital responsable de formar al 50% de los médicos del país se originaron en 2015, pocos meses después de que Vivaldi nombrara a Hasbún en el cargo, quien es especialista en Obstetricia y Ginecología, e integra el Comité de Ética del centro asistencial.

En noviembre de ese año la autoridad médica enfrentó una de sus primeras denuncias formales. Hugo Salinas, doctor y exjefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del recinto de salud, lo denunció por acoso laboral, respaldado por un fallo del Colegio Médico y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad.

Sin embargo, Vivaldi optó por no abrir una investigación. Ante esto, fue la Contraloría General de la República la que, en un dictamen del 12 de febrero de 2016, ordenó al rector iniciar un sumario administrativo contra Hasbún y designar un fiscal en un plazo de 15 días.

Entonces Vivaldi nombró como fiscal al decano de Derecho, Davor Harasic, quien 51 días después -tras argumentar que no pudo acceder a documentos de la causa- sobreseyó a Hasbún.

Pero el dictamen de Contraloría fue más lejos y recomendó al rector "formular y formalizar" instancias para denunciar los casos de acoso, ya que detectó que no estaban claras las directrices para este tipo de denuncias. Esta observación fue clave para crear el actual protocolo de denuncias de casos de acoso sexual, laboral y discriminación en la universidad. "En virtud del dictamen (de Contraloría) y de otros antecedentes, se está abordando al interior de la universidad el problema del acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria, aprobándose recientemente un protocolo de actuación para dichos casos", señala en un correo del 26 de enero de 2017 la coordinadora legal de la rectoría, Alicia Benezian.

En este marco, en marzo de 2017 llegó a manos de Vivaldi una segunda denuncia de Salinas contra Hasbún por acoso laboral, pero sumando el antecedente de casos de acoso sexual contra funcionarias del hospital. Rectoría abrió una etapa de "investigación preliminar", la que fue formalizada como investigación sumaria cuando Patricia Gómez hizo su denuncia.

Pero tras 10 meses aún no hay conclusiones debido a errores en el procedimiento. Por ejemplo, el primer decano designado como fiscal se negó a investigar, por tener "vínculos con el hospital". Esto obligó a Vivaldi a designar como fiscal a la decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Carmen Luz de la Maza, quien, según fuentes de la universidad, debido a su inexperiencia en estos procesos administrativos, retrasó aún más la causa al presentar un informe sin formular debidamente los cargos. Actualmente el caso está abierto y a la espera de los descargos de Hasbún.

Según un estudio realizado en 2016 por la casa central, a esa fecha el 26% de la comunidad universitaria conocía casos de acoso y agresiones sexuales en el plantel y el 14,7% declaró haber sido víctima. La cifra llega al 21% en el caso de las mujeres y 9% en el de los hombres.

Pero las denuncias son escasas. El secretismo, los largos plazos de investigación, la falta de competencia de los fiscales y un sistema donde las garantías procesales son para los imputados y no para las víctimas, son parte de las dificultades.

La universidad ya ha capacitado treinta profesores de distintas disciplinas como fiscales internos para que indaguen casos de acoso laboral y sexual. Ellos deben entregar un informe al decano de la facultad donde se hizo la denuncia, recomendando si el acusado es absuelto u obtiene una de las cuatros sanciones establecidas: censura, multa, suspensión por tres meses o expulsión.

Sin embargo, las investigaciones no tienen plazos perentorios y los informes muchas veces son rechazados por la Contraloría interna debido a que están mal elaborados por los fiscales.

"Una vez me llamó un académico que me dijo: 'profesora, yo trabajo con las células, soy un bioquímico y me tocó hacer un sumario'. Eso pasa más frecuente de lo que queremos", explica Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la universidad, instancia creada este año por Vivaldi (desde 2013 funcionaba solo como oficina asesora) y entre cuyas funciones está canalizar y hacer seguimiento a los procesos disciplinarios por acoso sexual.

"La universidad tiene una posición y una voluntad de erradicar el acoso sexual en los campus, nos parece intolerable, pero nos enfrentamos con barreras difíciles. Por una parte barreras culturales, porque aquí también se normalizan estos hechos y hay gente que le parece que no es importante. Y, por otra, los procedimientos de investigación tienen que ajustarse al estatuto administrativo que no es adecuado", señala Andrade.

La mayor dificultad es que solo las funcionarias pueden acusar "acoso sexual", pero el delito no está tipificado en la relación entre alumnas y profesores. Para subsanar esto, deben sancionar a los académicos solo por "faltas a la probidad", como ocurrió, por ejemplo, con el profesor de Derecho Carlos Carmona.

El 15 de mayo el rector Vivaldi se reunió con el ministro de Educación, Gerardo Varela, para pedirle que agilice la promulgación de las Ley de Universidades Estatales que, entre otras materias, regula la relación entre estudiantes y profesores, tipifica el delito de acoso y mejora los procedimientos, permitiendo a la denunciante conocer el estado de la investigación y apelar a una instancia superior, medidas que hoy solo puede realizar el imputado. En su cuenta pública el pasado viernes, el Presidente Sebastián Piñera anunció la promulgación de la ley -lo que se realizaría este martes- como parte de sus políticas de género para responder a las movilizaciones estudiantiles.

Origen

Tras una mesa de trabajo sobre prevención de acoso sexual y un dictamen de Contraloría solicitándolo, la U. de Chile estrenó en 2017 un protocolo para denuncias.

Denuncias

Las denuncias se realizan ante el decano de la facultad del académico, quien resuelve si dar o no curso al sumario.Fiscales Se nombra a un fiscal interno, hay 30 profesores de distintas disciplinas capacitados para indagar denuncias de acoso sexual.

Sanciones y apelación

La resolución puede ser absolución, censura, multa, suspensión o expulsión. Solo el imputado tiene derecho a conocer el sumario y apelar ante el rector, que puede mantener o bajar la sanción.

Estudiantes

El actual estatuto no considera existencia de acoso sexual en las relaciones entre estudiantes y académicos, lo que será subsanado con la nueva ley de universidades estatales.

Facultad de Derecho

El rector Vivaldi rechazó la apelación del académico de Derecho y expresidente del TC, Carlos Carmona, manteniendo la sanción de tres meses de suspensión. Fue denunciado por acoso sexual pero sancionado por faltas a la probidad, ya que no existe la figura de acoso entre profesores y alumnas.

Etapa final en Geología

La Contraloría estaría en poder del documento de expulsión de, al menos, uno de los académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile denunciados por supuesto acoso sexual. Por estos hechos ocurridos en 2016 fueron indagados César Arriagada y Francisco Gutiérrez.

Académicos de Historia

Dos profesores de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Fernando Ramírez y Leonardo León, fueron destituidos tras enfrentar acusaciones de acoso sexual y abuso de poder. El 14 de mayo, Ramírez perdió una querella por injurias contra las estudiantes que lo acusaron.

Liceo Manuel de Salas

El director del Liceo Manuel de Salas, dependiente de la U. de Chile, suspendió sus funciones de manera voluntaria e indefinida. Esto, luego de que una estudiante le planteara que existen relatos de terceras personas que afirman que habría incurrido en conductas pedagógicas machistas y de acoso.

Radio U. de Chile

Juan Pablo Cárdenas, premio Nacional de Periodismo y director de la Radio Universidad de Chile, anunció su renuncia a contar del 31 de julio. El profesional recibió una sanción de censura en una investigación por acoso laboral. La Escuela de Periodismo se encontraba en toma pidiendo su dimisión.