Durante la mañana de este lunes, el Poder Judicial informó que la mujer que actualmente reside en Argentina corresponde a Bernarda Vera, la militante del MIR que figuraba como detenida desaparecida desde 1973.

A través de una publicación, la judicatura señaló que las pericias de ADN acreditados por el Servicio Médico Legal (SML) dieron cuenta de su identidad, y que los resultados fueron informados a los familiares por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre.

“En la diligencia, se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”, indicó el Poder Judicial.

Asimismo, el ministro instruyó que la causa se encuentra bajo estricto secreto de investigación y estableció que “el informe pericial genético de ADN es de carácter reservado y se entrega con el único y exclusivo fin para conocimiento del grupo familiar directo y su ámbito interno”.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 se conoció públicamente el caso de Bernarda Vera, una mujer que figuraba como detenida desaparecida en Chile y que, según reveló un reportaje de CHV, se encontraba con vida en Argentina.

El caso de Vera aparece vinculado a un hecho ocurrido el 10 de octubre de 1973 en el río Toltén, en un episodio conocido como la “masacre de Liquiñe”, y por el cual se obtuvo condenas judiciales.

En su momento este caso derivó en una querella contra Vera por el eventual delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales y contra el exministro de Justicia Luis Cordero y la exjefa del Programa de Derechos Humanos Paulina Zamorano por el presunto delito de prevaricación administrativa.

El patricinante de ese querella, el abogado del Partido Nacional Libertario Maximiliano Murath, aseguró que este informe da sustento para seguir avanzando en su querella: “Sabiendo que esto era cierto, teniendo antecedentes, documentos, informes, declaraciones de testigos de que esta persona estaba viva, lo ocultaron y permitieron que los familiares de la señora Vera siguieran recibiendo pensión obtenida fraudulentemente por una falsa detenida desaparecida”.

“Esto es gravísimo. Tiene que investigarse hasta el final y tenemos que saber si el ministro Cordero es o no responsable de prevaricación administrativa, como lo deduje en mi querella”, añadió Murath.