El secuestro de un ciudadano chino, que trabajaba como comerciante, en la Región Metropolitana durante este año, activó las sospechas en funcionarios de la PDI, que luego, bajo la dirección de la Fiscalía Supraterritorial, tiraron de un hilo que terminó revelando una gran causa de corrupción.

Ese ciudadano chino, que figura como víctima en el caso, fue secuestrado y para su liberación se pidió un rescate. Para eso se le exigió a él mismo pagar una determinada suma de dinero y lo obligaron a entregarla para dejarlo en libertad.

Pese a la promesa de dejarlo en paz, los captores no lo soltaron y lo siguieron extorsionando. Cuando el ciudadano de origen asiático logró salir del cautiverio, llegó hasta un cuartel de la PDI para denunciar lo ocurrido.

Los funcionarios de la policía civil que tomaron la denuncia notaron que algo no calzaba en su relato. Por eso anotaron los aspectos que parecían extraños y los reportaron directamente a sus jefes respectivos.

Uno de los aspectos del relato que llamó la atención fue que el chino narró que había sido llevado a un cuartel policial como lugar de cautiverio. Esa sola idea llevó a los detectives a pensar que se trataba de un falso cuartel o de un montaje. La historia sonaba incoherente, pese a que su condición de víctima no fue puesta en duda.

La extrañeza generada en ese relato abrió una arista que luego se formalizó en una causa que llegó a manos de la Fiscalía Supraterritorial que dirige el fiscal Miguel Ángel Orellana. A esa indagatoria luego se sumó una investigación interna en la PDI, desarrollada por el Departamento V de Asuntos Internos, que fue crucial para destapar las redes de quienes estaban detrás de esta organización criminal dedicada a los secuestros extorsivos.

Las diligencias del Ministerio Público y la investigación interna de la policía civil fue dando pistas de que lo que había denunciado originalmente el ciudadano chino no era un simple secuestro, sino que en realidad correspondía a uno ejecutado por un grupo de imputados, entre los cuales había funcionarios de la PDI, que dirigidos por el exfiscal Vinko Fodich, iban escogiendo nuevas víctimas para extorsionar y lucrar.

Los detectives funcionaban como una especie de fuerza operativa y Fodich ayudaba a hacer el nexo con otros empresarios chinos para elegir nuevos blancos, cobrar por las extorsiones, y así favorecer los negocios ilícitos que mantenían los asiáticos a los que el expersecutor prestaba cobertura.

Luego de reunir los antecedentes, este miércoles la Fiscalía ejecutó una serie de órdenes de detención que tramitó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Así fue como el abogado Vinko Fodich, exfiscal y otrora funcionario de gobierno, fue detenido junto a otros seis imputados más. Todos pasarán a control de detención este jueves y se espera que sean formalizados por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión el viernes 11 de septiembre.

Entre ellos figuran tres funcionarios de la PDI, dos oficiales que se desempeñaban en la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y un agente policial. Respecto de ellos, la institución policial, a través de un comunicado público, informó que “se encuentra en curso el respectivo sumario administrativo, en el cual se encuentran suspendidos los funcionarios implicados, además, de la tramitación para su desvinculación de la institución”.

También entre los detenidos figura Luis Moraga Parisi, primo del economista y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Quién es Fodich

Fodich fue parte del equipo penal que defendió al actual diputado y excarabinero Sebastián Zamora, en el caso Pío Nono.

Durante ese proceso, el abogado no pudo asistir a una audiencia con su representado porque fue formalizado por manejar en estado de ebriedad.

En el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, fue jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior.

El abogado, egresado de la Universidad de Valparaíso, además fue fiscal adjunto de Curicó y fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Actualmente es socio del estudio jurídico PFV Abogados, junto al exfiscal Alejandro Peña y José Antonio Villalobos.

Fodich ya estaba siendo cuestionado y de hecho, hace algunas semanas atrás, 24 Horas reveló que estaba bajo la lupa por una arista por lavado de activos. Esa vez se reportó que el abogado estaba como imputado debido a que una de sus empresas habría sido utilizada para recibir dineros ilícitos también vinculados a ciudadanos chinos.