Las indicaciones que está preparando el equipo del ministro de Justicia, Fernando Rabat (Republicano), junto al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad cometidas por adolescentes, están casi listas y el Ejecutivo espera que, a la vuelta de la semana regional, queden ingresadas en el Senado.

Tal como adelantó La Tercera, algunas de esas enmiendas están orientadas a implementar un mecanismo de transferencia judicial excepcional.

Esto significa que para un catálogo específico de delitos especialmente graves -como secuestro, homicidio, bombas, delitos sexuales, entre otros- los adolescentes de 16 y 17 años serán transferidos excepcionalmente a la jurisdicción penal ordinaria, es decir, serán juzgados con las reglas de determinación de penas de los adultos.

“A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para ciertas materias específicas relativas a la residencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir una cierta condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves”, detalló el secretario de Estado tras la cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Rabat hizo alusión a que una de las enmiendas del gobierno reformarán el artículo 56 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Dicha norma regula el caso en que un adolescente cumple 18 años mientras cumple una condena de internación en régimen cerrado.

En ese momento, la norma aborda dos situaciones, si al condenado le restan por cumplir más de seis meses de su pena o menos de seis meses de la condena.

Cuando al mayor de edad le restan menos de seis meses de cumplimiento, la ley mandata a que se mantenga en el centro de privación de libertad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Pero si al condenado que ya cumplió 18 años le restan por cumplir más de seis meses de la condena, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil debe emitir un informe técnico en el que sugiera la permanencia en el centro de privación de libertad o su traslado a una cárcel administrada por Gendarmería. Con ese informe, el tribunal decidirá la permanencia o traslado del condenado.

La propuesta del Ejecutivo tiene el objetivo de agregar una nueva regla a esa norma, para que sea obligatorio para el tribunal ordenar el traslado del mayor de 18 años a una cárcel administrada por Gendarmería, siempre que se trate de adolescentes condenados por alguno de los delitos graves incorporados en el catálogo y el informe del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil sugiera el traslado.

Con esto, La Moneda busca que quienes fueron condenados por delitos de gravedad, si el informe técnico recomienda el traslado, el tribunal deberá ordenarlo para que así el saldo de pena restante se cumpla tras las rejas de una cárcel de adultos.

El ministro Rabat abordó este punto en entrevista con Radio Pauta. “La indicación apunta a que los jóvenes que cometen estos delitos graves y que les queda tiempo de pena por cumplir la cumplan en un centro penitenciario, en una sección juvenil”, dijo el titular de la cartera, haciendo referencia a quienes alcanzan la mayoría de edad.

Rabat explicó que, en la actualidad, estos centros penitenciarios especiales, o secciones juveniles, existen dentro de las cárceles de adultos que administra Gendarmería. Según informó, en total hay 611 cupos, de los que solamente se están utilizando 61.