Un incendio provocado al interior del Liceo José Victorino Lastarria volvió a activar las alarmas sobre el aumento de episodios de violencia en establecimientos educacionales. El hecho, ocurrido cerca de las 9.30 del martes, se suma al asesinato de una inspectora en Calama y a un estudiante sorprendido con un arma de fuego en Curicó, que han tensionado al sistema escolar y empujado al gobierno a acelerar medidas legislativas.

Según lo ocurrido en Providencia, y según los antecedentes preliminares, un grupo de alumnos encapuchados manipuló bombas molotov dentro del recinto, generando un incendio en la inspectoría del establecimiento. El siniestro fue contenido por personal docente y Carabineros, aunque dejó a un profesor lesionado en una mano mientras intentaba controlar las llamas. La jornada fue suspendida y se desplegó personal de Control de Orden Público en el lugar.

El episodio no solo provocó daños materiales, sino que también intensificó la discusión sobre la capacidad de los colegios para prevenir hechos de alta violencia dentro de sus propias dependencias.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó lo ocurrido como un “acto delictual” y aseguró que los responsables serían estudiantes del mismo establecimiento. “Entraron con bidones de bencina dentro del colegio, se encapucharon en el baño y prendieron fuego”, afirmó. Según detalló, la acción se enmarcó en una alusión tardía al Día del joven combatiente.

Bellolio también apuntó a un patrón reiterado sobre el ingreso de elementos peligrosos sin control efectivo. “Nos prohibieron revisar mochilas, no respondieron oficios para instalar detectores de metales o cámaras. Hoy vemos las consecuencias”, sostuvo en referencia al gobierno anterior, agregando que se aplicará la normativa de Aula Segura para expulsar a los involucrados y que el municipio presentará una querella penal.

Desde el gobierno, el delegado presidencial regional, Germán Codina, respaldó la acción judicial y subrayó la gravedad del fenómeno. “Esto no es solo quemar una sala: es poner en riesgo la educación pública. No podemos permitir que la violencia se instale en espacios que deben ser de desarrollo y convivencia”, señaló.

Codina también criticó la falta de respuesta oportuna a solicitudes previas de sostenedores para aplicar medidas disciplinarias. “Hay requerimientos de Aula Segura que duermen en escritorios. Cuando no se actúa a tiempo, la violencia se enquista”, advirtió, anunciando que se revisarán estos casos para acelerar decisiones.

Al hecho ocurrido en Providencia se sumó otro, más tarde, en Santiago Centro. En las cercanías del Instituto Nacional se registraron incidentes que culminaron con la detención de dos estudiantes acusados de lanzar bombas molotov en la vía pública. Los hechos ocurrieron en la intersección de Alameda con Arturo Prat, donde, según Carabineros, los sujetos manipularon y arrojaron artefactos incendiarios, generando riesgo para transeúntes y personal policial.

Producto del procedimiento, se cerró el tránsito hacia el oriente en la Alameda desde Manuel Rodríguez, según detalló Transporte Informa. Tras la detención se incautaron diversas prendas y elementos, entre ellos una botella con líquido aparentemente acelerante y mecha, compatible con la fabricación de estos artefactos. Los detenidos fueron identificados como estudiantes de un liceo de Estación Central y del propio Instituto Nacional, y enfrentan cargos por lanzamiento y manipulación de artefactos incendiarios, pasando a su segundo control de detención.

La respuesta del gobierno

Pero lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado. Al asesinato de Calama el viernes pasado, este lunes en Curicó un estudiante de 15 años fue sorprendido portando un arma de fuego cargada en las inmediaciones de su colegio. El joven no ingresó al recinto, pero se mantuvo en el exterior hasta que un docente detectó la situación y dio aviso a Carabineros.

La investigación estableció que el arma pertenecía a su abuela y que el estudiante la había sustraído desde su domicilio. El menor fue formalizado este martes por porte ilegal de arma de fuego y quedó bajo una medida cautelar de supervisión por parte de una institución especializada, con acompañamiento psicosocial.

Según el fiscal Jaime Rojas, el adolescente no tenía antecedentes, lo que abre interrogantes sobre los factores que gatillan este tipo de conductas.

Ambos episodios se suman a un contexto más amplio de preocupación nacional, marcado además por el reciente asesinato de una inspectora por parte de un estudiante, hecho que ha impactado profundamente a la comunidad educativa.

En este escenario, el gobierno se vio obligado a actuar y acelerar decisiones. Por ello, este mismo martes convocó a una reunión de alto nivel con los ministerios de Educación, Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia para definir acciones concretas. Tras la cita se anunció el ingreso inminente de proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales.

“Esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso, uno o dos proyectos de ley”, detalló el ministro Segpres, José García Ruminot.

Según agregó, al gobierno le interesa que estos proyectos sean “de tramitación rápida. Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible. La seguridad no puede esperar”, acotó el secretario de Estado.

Según adelantan desde algunos ministerios involucrados, las iniciativas estarían enfocadas en agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional, y la otra, en permitir la revisión de mochilas y otras medidas de monitoreo en colegios.

Las autoridades están evaluando la mejor fórmula para abordar estas iniciativas, lo que aún no se ha definido es si hacerlo a través de dos proyectos separados o sólo modificando la ley Aula Segura.