Intendenta dice que no hay fondos para fiscalizar plan antiesmog en RM

Los peores días en cuanto a contaminación ambiental registró Santiago durante este fin de semana. Se trata del denominado "tren de esmog", es decir, 72 horas seguidas de preemergencias ambientales, lo que implica que la calidad del aire se torna "crítica" por los niveles de Material Particulado Fino (MP 2,5).

Ante este escenario ambiental, las críticas de los expertos apuntan a la efectividad del Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA), que contiene medidas restrictivas, como no quemar leña, la paralización diaria de automóviles anteriores a 2011 y detener la operación de industrias contaminantes durante días de alto esmog.

Al respecto, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, dijo que el plan "aprobado en el gobierno anterior es muy deficiente y no cuenta, además, con los recursos para fiscalizar las nuevas prohibiciones". Añadió que tampoco contempla "una campaña de sensibilización ni entrega claridad sobre qué otras fuentes, además de la leña o quemas agrícolas, pueden ser causantes de la contaminación, como el uso de equipos electrógenos en las empresas o efectos negativos no mitigados por la construcción".

La autoridad regional agregó que, según los seremis de Salud, Agricultura y Transportes, el presupuesto destinado a esas reparticiones "no aumentó para implementar el PPDA", por lo que no hubo nuevas contrataciones de fiscalizadores para controlar las medidas en la ciudad.

El exintendente metropolitano Claudio Orrego respondió que "ningún plan de descontaminación en Chile tiene presupuesto especial para fiscalizaciones. Para eso están las entidades regularas. Eso es una excusa". Añadió que siempre se ocupa la misma cantidad de funcionarios para estas tareas.

Ernesto Gramsch, investigador en el área ambiental de la U. de Santiago, coincidió con la intendenta Rubilar, pues dijo que se requiere educar a la comunidad sobre su aporte a las concentraciones de esmog al usar biomasa o el automóvil durante los días de mayor polución.

El académico también señaló que hay una falta personal que fiscalice nuevos sectores que aportan material particulado, como es el caso de las parrillas de vendedores ambulantes, "las que no son controladas". Hasta ahora, existen 15 equipos que realizan estas tareas por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, los que hasta este lunes cursaron 121 sumarios a industrias y a hogares por usar calefacción contaminante.

Los especialistas señalan que las medidas para rebajar las emisiones resultan escasas, en una capital de siete millones de habitantes. "Vemos que esta norma no tiene la utilidad que se espera ni está diseñada para una ciudad que ha tenido una gran expansión, crecimiento del parque automotor y de viviendas que generan una alta carga de esmog", explicó Héctor Jorquera, académico del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la UC. Afirmó que la disposición que prohíbe el uso de calefactores no rige para áreas ubicadas fuera del Gran Santiago, como Colina, Talagante, Isla de Maipo y Buin, comunas donde hay una alta combustión de leña debido a las bajas temperaturas.

Los académicos también indican que tienen dudas sobre los efectos del programa "antiesmog" del gobierno, que contempla, por primera vez este año, la restricción vehicular a automóviles con sello verde (anteriores a 2011). Gramsch sostuvo que la paralización de 340 mil vehículos por día tiene un efecto mínimo.