La caja negra de los fondos espejo del Transantiago

Son US$ 929 millones. El equivalente al puente del Chacao (US$ 869 millones), al nuevo aeropuerto de Santiago (US$ 900 millones) o a tres hospitales de alta complejidad. Esa es la cifra que destina el presupuesto de la nación 2018 como subsidio al transporte público en regiones.

La denominada "Ley Espejo", que equipara el aporte que debe hacer el Estado anualmente para subsidiar al Transantiago en la capital, fue creada el 2009 debido a la presión de los parlamentarios regionalistas que exigieron un financiamiento idéntico para sus zonas.

Actualmente, un tercio de los fondos son distribuidos por el Ministerio de Transportes para programas dirigidos al mejoramiento de la conectividad en provincia, sobre todo en zonas aisladas y rurales, así como subsidios de pasajes y millonarios proyectos de renovación de buses y colectivos.

Pero los otros US$ 654 millones desde 2014 son traspasados al denominado Fondo de Apoyo Regional (FAR), que son manejados discrecionalmente por los intendentes y los consejeros regionales para proyectos locales, que cada vez tienen menos que ver con las problemáticas del transporte.

El FAR fue creado en 2013, precisamente para que los dineros dejaran de mezclarse con los del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y enfocarlos directamente en distintas iniciativas de transporte, enumeradas en la ley. Sin embargo, la normativa dejó abierta una puerta al agregar un inciso que señala que también pueden emplearse "en cualquier otro proyecto de inversión, distinto de los señalados anteriormente".

Así, los primeros tres trimestres de 2017, según las glosas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que distribuye estos dineros, se pueden ver inversiones en proyectos tales como restauraciones de iglesias, creaciones de sedes sociales y centros culturales, compras de camiones tolva y retroexcavadoras, inauguración de comisarías y centros de salud, remozamiento de plazas, inauguración de juegos infantiles y canchas de fútbol, entre otros (ver infografía).

Según un análisis realizado por La Tercera, al menos un 30% de los proyectos del año pasado no tienen relación con materias de transportes o conectividad. En la Subdere, en tanto, afirman que el porcentaje sería en torno al 20%. De ser efectiva esta última cifra, los montos utilizados en aspectos no vinculados a transporte bordearían los $ 80 mil millones al año.

En la página web de la subsecretaría figura un informe oficial con el desglose de los proyectos FAR de 2017, sin embargo, en una rápida revisión se puede ver que el documento presenta numerosos errores, como montos abultados que no coinciden con los proyectos mencionados o iniciativas que están vinculadas a códigos BIP (la identificación en el Banco Integrado de Proyectos) que, no obstante, no guardan relación con el nombre del proyecto.

Se trata de un fondo opaco, sobre el que nadie tiene mayor claridad en que los recursos se estén empleando eficientemente y sobre el cual no hay suficiente control, ni un ordenamiento para que se invierta ese enorme caudal de dinero en obras que puedan generar un impacto real para los habitantes de regiones. Esas son las críticas que se repiten por estos días en los pasillos del Congreso.

"Claro que se debe eliminar el FAR", señala el senador Alfonso de Urresti (PS). "Es perverso, porque para las autoridades regionales es mucho más rentable políticamente el pequeño proyecto. Es fácil de realizar, lo distribuyen rápido. Pero en el transporte se debe tener una política nacional de inversión, ese fondo se debiese destinar para grandes obras de transportes", indica el parlamentario.

Para el senador Alejandro Navarro (partido Pais), miembro de la Comisión de Transportes, "siendo recursos para mejorar la infraestructura del transporte, comenzó a destinarse para otros efectos, lo que desvirtuó totalmente la decisión original de que el transporte público de regiones fuera progresivamente mejorando (...). Se ha pagado el diseño de hospitales y se han financiado acciones en el área vivienda, en el área de bienes nacionales". El parlamentario califica el fondo como "un bolsillo de payaso, donde todos sacan lo que les conviene".

El senador Francisco Chahuán (RN) es partidario de mantener los fondos, pero con un mayor sistema de control: "Nos gustaría que el actual Ministerio de Transportes nos pudiera entregar de manera pormenorizada cómo estos fondos FAR, que son propios de la 'Ley Espejo' del Transantiago, están siendo utilizados, y que haga un histórico de los últimos cuatro años, en los cuales tenemos dudas razonables de que fueron mal aplicados, en términos de los objetivos que estaban fijados por la ley".

También miembro de la Comisión de Transportes del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), es uno de los parlamentarios que ha enviado oficios pidiendo conocer el destino de estos millonarios fondos, los que no son respondidos. "Necesitamos un debate para sincerar el uso de recursos públicos para subsidiar el transporte. En la subcomisión de Presupuesto del Senado es donde, en los últimos dos años, se ha exigido mayor transparencia e información. Tenemos una tremenda insuficiencia de parte del Ejecutivo en esta materia", afirma.

En las últimas tres discusiones presupuestarias, los senadores han presionado para que se transparente la ejecución y destino de los 'fondos espejo'. El año pasado lograron suscribir un protocolo de acuerdo, en que el gobierno se comprometió a reformar el FAR.

En esta línea fue el proyecto de ley enviado a fines de enero por la administración de Michelle Bachelet, que focaliza la entrega de recursos en "materias de infraestructura y mejoramiento del transporte", así como subsidio a las tarifas que pagan en la locomoción los adultos mayores.

El propio gobierno de Bachelet había generado polémica el 2015, cuando derivó fondos de la "Ley Espejo" para hospitales. Entonces, en la UDI y RN pidieron que se ordenaran las finanzas y se entregara ese financiamiento a través del Ministerio de Salud. El entonces senador RN Baldo Prokurica (hoy ministro de Minería) señaló en noviembre de ese año que "usar los recursos del FAR para construir hospitales en todo el país, incluido Santiago, es claramente un abuso".

Los 'fondos espejo' han sido objeto de varios pronunciamientos de Contraloría. Una auditoría de 2015 detectó que $ 26 mil millones no fueron utilizados en temas de transportes, lo que correspondía al 17% del total de los dineros recibidos por los gobiernos regionales. Entre los proyectos había remodelación de estadios e incluso de un aeródromo de uso militar. También se indicó "la imposibilidad de identificar en su totalidad el uso y destino de los recursos del Fondo de Apoyo Regional".

En 2016, Contraloría emitió un informe de seguimiento, donde constató que varias regiones no habían subsanado las observaciones de la auditoría, entre ellas Magallanes, Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía.

El contralor Jorge Bermúdez emitió un dictamen ese año, señalando que los recursos del FAR "deben ser destinados prioritariamente a fines de transporte y conectividad". En otra resolución, también de 2016, el contralor autorizó a Ferrocarriles del Estado a invertir los recursos recibidos a través de la "Ley Espejo" en el mercado de capitales, siempre y cuando las ganancias obtenidas sean reinvertidas en mejoramiento del transporte regional.