Ministra Tapia: "De no seguir con una licitación pública se podría afectar la calidad del servicio"

"Ha sido intenso", dice Paola Tapia, ministra de Transportes, respecto al año que lleva a cargo de la cartera, luego de que su antecesor, Andrés Gómez-Lobo, renunciara el 14 de marzo pasado, ad portas de uno de los procesos más complejos del sector: la licitación del Transantiago. Tras conocerse la decisión adversa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), que impediría adjudicar las seis zonas de la capital a nuevos operadores, la ministra defiende la calidad del proceso y asegura que la única opción para mejorar el sistema es que el nuevo gobierno continúe con el trabajo que se ha realizado.

¿Cómo toman la decisión del TDLC?

Como ministerio tenemos que acatar íntegramente la decisión, pero sin duda no la compartimos. Nosotros estamos por licitar, lo hemos dicho, el camino es licitar, el camino es hacer un concurso público para poder incorporar las mejoras que las personas requieren del sistema de transporte público.

¿Cree que el próximo gobierno continuará este mismo espíritu?

Esperamos que sea un sello compartido por la próxima administración, porque vemos que esa es la forma de hacer las cosas. Reitero que el camino es la licitación, que el camino es también incorporar todas las mejoras, esto no pasa por cambiar la flota, se requiere cambiar los incentivos de los contratos, y a su vez también generar índices que evalúen de una mejor forma la prestación del servicio. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando en esa línea y reiteramos que esperamos que el gobierno siguiente también pueda seguir adelante con este proceso de licitación, que no le pertenece a un gobierno u otro, son proyectos de largo plazo como sería uno de infraestructura o cualquier otro de transporte público. Por lo tanto, requiere un compromiso y el esfuerzo de todos los sectores para lograr las mejoras.

Respecto a continuar con la licitación, en la práctica, ¿van a insistir, van a agotar las instancias judiciales?

Sin duda, vamos a disponibilizar a los equipos entrantes toda la información a partir del 1 de marzo, conforme está establecido por el gobierno, pero nosotros desde ya vamos a generar todas aquellas acciones que correspondan dentro del marco jurídico para poder buscar seguir adelante con el proceso de licitación. Estamos representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo tanto tenemos que conversarlo y coordinarlo con ellos para ver las acciones a seguir.

De mantenerse el actual escenario, ¿cuáles son los costos de que la licitación se suspenda?

Esta licitación busca generar varios cambios: el aumento de los descuentos que hoy día se aplican y que en conjunto tienen un impacto que no supera el 3%. Nosotros vamos a aumentar esa cifra. En materia de evasión, cada día el sistema se encarece con las revisiones programadas; esta nueva licitación elimina ese sistema de revisiones programadas, también permite la modernización de la flota y se involucra en temas importantes en materia laboral. Por eso esperamos que el sello sea el mismo en la nueva administración: buscar, a través de una licitación pública, seguir mejorando el servicio.

De todas formas, el nuevo gobierno podría echar atrás el proceso...

Nosotros en el año 2015 tramitamos una nueva ley que lo que buscó fue precisamente asegurar y dar garantía de la continuidad de los servicios, por lo tanto con una gestión oportuna la continuidad de los servicios no debiera verse afectada. Lo que sí se puede afectar, en el corto y mediano plazo, de no seguir adelante con un proceso de licitación pública, es la calidad de los servicios. Porque si, por ejemplo, se renovara la flota y no se cambian los incentivos de los operadores de los concesionarios actuales, tú no podrías generar las mejoras de frecuencia, de regularidad, de cumplimiento del índice de calidad de los buses, etc. Por eso es que sostenemos que el camino es la licitación pública, porque permite abordar todos estos aspectos tan necesarios para las mejoras de calidad del servicio, eso, en definitiva, es el riesgo de no licitar versus efectuar la licitación pública.

El fallo del TDLC afirma que efectivamente se aprecian algunas ventajas para los operadores actuales. ¿Hay alguna autocrítica respecto a cómo se llevó el proceso?

Nosotros hemos ido cumpliendo cada una de las etapas que el proceso de licitación dispone con estricto apego a la normativa vigente. Estuvimos cuatro meses trabajando con la Contraloría, precisamente en las tablas de evaluación del proceso. Si no fuera objetivo, si no fuera atractivo para operadores que hoy no están en el sistema, no habrían participado empresas internacionales de reconocido prestigio como lo son Tower Transit, que hoy opera en Australia, Singapur y Londres. O el consorcio Duarte, que opera en Brasil, o Nextbus, que es una empresa española. De modo tal que es claro y evidente que la participación de estas empresas internacionales da cuenta de que este proceso tuvo cuentas claras, conocidas, y que esas empresas estimaron en su evaluación que no había una distinción de lo que son los actuales operadores.

¿Y respecto a las ventajas que tendrían los operadores actuales?

De los 100 puntos que involucra la evaluación, la alusión que hace el tribunal implica un alcance de un 1,5% dentro de lo que se evalúa. O sea, una empresa podría haber postulado con un bus, habiendo operado un bus, y presentado una oferta económica atractiva podría haber sido adjudicada en el proceso. Ese ejemplo muestra que no hay diferencias entre los operadores actuales y aquellas empresas que participaron y que son nuevos operadores. Hay un principio que es clave, que es el de la proporcionalidad. Obviamente uno siempre tiene que estar atento a recomendaciones futuras a mejoras que uno pueda introducir. En ese sentido, siempre va a ser bienvenida la crítica constructiva, pero esto es algo que no repercute en el sistema. Muy por el contrario, resulta paradojal que lo que busca el tribunal, que es asegurar la competencia, se pierde al no poder hacer un concurso público y que, eventualmente, el próximo gobierno decida efectuar un trato directo con las empresas.