Operación Huracán: Interior se querella por pruebas falsas y pide peritaje "imparcial"

En un escrito de 10 páginas, el gobierno decidió, a 21 días de que la Fiscalía de La Araucanía decidiera cerrar la investigación de la Operación Huracán, querellarse en el proceso en que se indagan la presunta manipulación de pruebas contenidas en informes de Carabineros. Estos antecedentes, entre los que habían supuestos mensajes entre los imputados relacionados con atentados en la zona, provocaron derivaron en la detención de ocho comuneros que, posteriormente, fueron sobreseídos.

En la acción judicial firmada por el abogado del Ministerio del Interior, Matías Moya, se indica que el gobierno "tiene el deber de velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el país, (...). por lo que interpongo querella en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público".

Luego de que estalló el caso, La Moneda pidió un sumario en Carabineros y sus autoridades señalaron que era necesario esclarecer si hubo una falsificación de evidencias. Incluso, sus abogados pidieron diligencias en el proceso de la Operación Huracán, entre ellas, un peritaje independiente, lo que fue rechazado por el tribunal y el Ministerio Público. Incluso, la Presidenta Michelle Bachelet dijo en una entrevista con ITV Patagonia, "creo que aquí lo que es clave, es saber cuál es la verdad: si hay un error en el peritaje de la fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos, porque aquí lo que es grave es que se pongan en tela de juicio instituciones".

Durante todo este período, las críticas en contra del actuar del Ejecutivo llegaron de todos los sectores, entre ellos el oficialismo. Algunos parlamentarios cuestionaron al gobierno por no solicitar la salida del general director, Bruno Villalobos.

En la acción judicial, donde se señala que hubo ilíctos "consumados" de obstrucción y falsificación, Interior señala que la razón por la que decidión hacerse parte de la investigación se debe a que "como ha sido de público conocimiento, a raíz de información de prensa publicada en el último mes, se ha dado inicio por parte del Ministerio Público, a una investigación por la adulteración de los informes policiales elaborados por funcionarios de Carabineros (...). Esta conducta habría llevado al Ministerio Público a tomar una serie de decisiones procesales sin el adecuado fundamento, lo que en la práctica ha significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia".

Además, Interior solicitó una serie de diligencias a la fiscalía, entre las cuáles está que se acumulen las causas relacionadas con la Operación Huracán y sean asiganadas al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; se requiera a las empresas informáticas Google, Yahoo y Microsoft informaciónsobre las cuentas de mensajería y correo electrónico que se mencionan en los informes 130 y 202 del Labocar; y que se solicite a un organismo de "carácter imparcial y suficientemente calificado que efectué un peritaje tendiente a dirimir las controversias entre las conclusiones de los informes del Labocar y Ulddeco (Unidad de la Fiscalía Nacional)".

Para el diputado Matías Walker (DC), quien es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, la querella es "una acción tardía pero necesaria atendido el peso de las bochornosas circunstancias".

En opinión de su par Leonardo Soto (PS), en tanto, "por primera vez el gobierno está separando aguas con la postura institucional de Carabineros sobre la Operación Huracán y los ha dejado solos".

Pero esta no fue la única presentación del Ejecutivo. Durante la mañana de este miércoles, ingresó la apelación al sobreseimiento de los comuneros dictado por el Juzgado de Garantía de Temuco. Interior manifestó en su apelación que como querellante esperaba "de buena fe el resultado de las diligencias declaradas secretas, supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera de que la investigación se encuentra cerrada".

Casi al término de la apelación manifestaron que lo resuelto por el juez "vulneró no solo la garantía constitucional de la igualdad ante la ley (...), sino también la garantía del debido proceso".

La crítica también apuntó a los peritajes de la fiscalía: "A simple vista se puede observar que ambos informes tienen una evidente falta de rigurosidad, ya que no explican el procedimiento utilizado para el análisis de los equipos, peor aún existe una discordancia entre los supuestos archivos con problemas".

Por su parte, la Fiscalía Regional de La Araucanía también presentó su apelación al sobreseimiento definitivo de los imputados en los ataques incendiarios que se les vincula. El fiscal Felipe González argumentó que a pesar de que el Ministerio Público dio cuenta al tribunal que los antecedentes que vinculaban a los comuneros habrían sido adulterados, aquello, "en ningún caso daban cuenta de la inocencia de los imputados. Es más, dichas anomalías en la actualidad son objeto de una investigación penal distinta, en pleno desarrollo".