Prohibición de controladores con fines de lucro en universidades cae en el TC

La prohibición de lucrar para los controladores de universidades, establecida en la futura ley de educación superior, quedará sólo como una intención, mañana cuando el Tribunal Constitucional (TC) vote oficialmente el artículo 63 de la emblemática ley que ingresó el gobierno de Michelle Bachelet y que tendrá que promulgar la nueva administración.

En la sesión de ayer, los ministros revisaron la norma y si bien estaba programado que se votara, uno de los integrantes pidió postergar la definición para mañana. Nos obstante, las posturas preliminares de los ministros permiten adelantar que el artículo será declarado propio de Ley Orgánica Constitucional (LOC). Hasta ayer, los votos estaban 5-4 en favor de esa calificación, y si bien el ministro en duda se sumaría a la mayoría, de cambiar de postura y generar un empate, el voto dirimente del presidente Iván Aróstica, terminaría por ratificar el cambio de categoría. De confirmarse aquello, este punto de la norma requería para su aprobación en el Congreso más votos de los que obtuvo. En la Sala de la Cámara, el 17 de julio del año pasado, dicha materia fue revisada como una norma simple, que no requería quórum especial y fue aprobada por 66 votos a favor, 44 en contra y una abstención. Al ser considerado LOC se revisará si cumple con votos de 4/7 de los diputados en ejercicio. Es decir, necesitaba 67 votos y por lo tanto al faltar uno se declara inconstitucional "por forma".

El artículo en cuestión respondía a la demanda de distintos sectores, tanto del movimiento estudiantil como parlamentario, que entendían que eliminando esa facultad, hoy vigente en la legislación, se terminaría por despejar cualquier intención de desarrollar intereses comerciales asociados a la administración de las universidades.

Así, conglomerados como el grupo Laureate - controlador de las universidades de Las Américas y Andrés Bello, entre otras instituciones- podrán seguir integrando legalmente los directorios de universidades, algo que como estaba considerada la futura norma, lo hacía imposible.

Esta situación había sido advertida por la derecha durante la tramitación del proyecto de ley y especialmente por la senadora Ena von Baer, quien pidió que el artículo 63, que prohibe el llamado lucro "aguas arriba", fuera votado con el tratamiento de norma orgánica Constitucional sin éxito.

El diputado Giorgio Jackson cuestionó el rol del TC: "Es vergonzoso como el Tribunal Constitucional, que a estas alturas no quedan casi dudas de que es una tercera Cámara, está ocupando de manera política e ideológica las atribuciones que supuestamente tiene y eso me parece escandaloso. Se hace más necesario que nunca una revisión fundamental a esta área de poder que no tiene ningún tipo de control y que opera políticamente y en ningún caso conforme a derecho".