Segpres: $ 45 mil millones costaría gratuidad para universitarios del 7° decil

De acuerdo a un estudio elaborado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), una de las justificaciones para priorizar la gratuidad para los alumnos del séptimo decil de los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) sería el impacto negativo que tuvo la gratuidad en la matrícula de ese sector.

De acuerdo al informe entre 2010 y 2014, la matrícula TP iba en aumento, pero desde ese año esta ha bajado. "Durante el primer año de gestión (2016) el beneficio de la gratuidad se ofreció solo a universidades, muchos estudiantes supusieron que se trataba de un sistema solo enfocado a este tipo de educación superior, lo que implicó un detrimento en la matrícula de IP y CFT", dice el estudio de la Segpres.

Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc) planteó que "el que la gratuidad partiera en universidades generó una caída en la matrícula de primer año del sector TP, que recién en 2017 ha comenzado a revertirse, pero lentamente. Por esto, ampliar la gratuidad en IP y CFT permitirá volver a priorizar este sector, fundamental para el desarrollo del país".

El documento, además, da cuenta del impacto económico que habría tenido acelerar también el ingreso a la gratuidad de los estudiantes universitarios del séptimo decil. Así, se menciona que mientras dar cobertura a 13 mil alumnos extras de los CFT e IP tiene un costo de casi $ 20 mil millones, "aumentar la gratuidad en las universidades adscritas para el mismo tramo de ingreso tendrían un mayor costo, $ 45.839 millones anuales".

El estudio plantea que "es más responsable focalizar el gasto en darles mayores posibilidades de llegar a educación superior a quienes pertenecen a los deciles de más bajos ingresos, mejorando la educación primaria y secundaria, que seguir aumentando la gratuidad para quienes sí tienen mayores posibilidades de ingresar a la educación superior".

El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, afirmó que "este proyecto busca corregir la disparidad en la asignación de recursos de las políticas de educación superior de los últimos años que han dejado de lado el sector técnico en favor de universitaria".

Sobre este punto, el estudio de la Segpres dice que del total de recursos que se destina a la educación superior un 15% va a CFT e IP, de acuerdo a un análisis de informes de Contraloría realizado por la Comisión Nacional de Productividad.

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, criticó el proyecto dijo que "se toma una decisión política por priorizar la educación TP, a pesar de que no se está beneficiando a los alumnos más vulnerables".