La investigación sobre los menores haitianos que llegaron a Chile y hoy no han sido ubicados ha abierto una nueva arista en el debate migratorio. Mientras el Ministerio Público, Contraloría y distintas reparticiones del Estado intentan esclarecer el ingreso de decenas de niños y adolescentes provenientes de Haití durante 2025, la propia comunidad residente en Chile observa el proceso con preocupación, desconcierto y una sensación de exclusión.

“No sabemos a quién creer”, resume William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile. El dirigente asegura que las versiones conocidas hasta ahora contienen cifras contradictorias sobre la cantidad de menores involucrados. “Hay partes que dicen que son 120 niños, otros hablan de 200, otros de 460. Entonces no hay dónde agarrarse”, sostiene.

La inquietud no es sólo por la investigación en sí. También por el efecto que está teniendo en miles de familias haitianas que durante años han utilizado la visa de reunificación familiar para traer a sus hijos al país.

“Esto nos duele en el alma. Mi hija ya lee noticias y me pregunta qué va a pasar. Hay niños que están viendo todo esto y sienten que se está poniendo en duda quiénes son o cómo llegaron”, relata Pierre.

A diferencia de lo que sugieren algunas sospechas que hoy investigan las autoridades, los dirigentes haitianos sostienen que los vuelos chárter no eran una práctica clandestina dentro de la comunidad.

Explican que debido a la crisis de seguridad en Haití, sumada a la suspensión de vuelos comerciales regulares hacia Puerto Príncipe, obligó durante años a muchas familias a recurrir a operadores privados que organizaban vuelos especiales.

Según Pierre, el procedimiento habitual consistía en que los padres obtenían primero la visa de reunificación familiar para sus hijos, un trámite que podía extenderse por más de dos años entre la obtención de documentos en Haití, legalizaciones y aprobaciones migratorias en Chile.

Una vez obtenida la visa, las familias debían encontrar la forma de trasladar a los menores. “Las aerolíneas internacionales no quieren volar a Haití por la inseguridad. Entonces aparecen empresarios que arriendan aviones y venden los pasajes. La comunidad sabía que existían esos vuelos porque era prácticamente la única forma de traer a los niños”, afirma.

La modalidad también contemplaba que menores viajaran acompañados por otros adultos con visas válidas. Para ello se emitían autorizaciones notariales y documentos legalizados tanto en Haití como en Chile. Por lo mismo, dentro de la comunidad no existe claridad sobre dónde podría haberse producido una eventual irregularidad.

Uno de los elementos que más llama la atención entre los dirigentes haitianos es que, hasta ahora, no han recibido denuncias directas de padres que aseguren haber perdido contacto con sus hijos durante el trayecto o que nunca hayan llegado a destino.

David Antoine, activista haitiano en Chile, asegura que la noticia tomó por sorpresa a la comunidad. “No he escuchado de casos donde compatriotas hayan dicho que encargaron el viaje de sus hijos y que el niño no llegó o fue entregado a otra persona”, afirma. A raíz de la polémica, organizaciones haitianas comenzaron a difundir mensajes entre sus redes para detectar posibles afectados.

“También si a alguien le exigieron más dinero para entregar a un menor cuando llegó a Chile, que nos avisen. Pero hasta ahora no hemos recibido denuncias de ese tipo”, asegura Antoine.

El problema del paradero

Uno de los focos principales de la investigación es determinar dónde están los menores cuyo domicilio actual no ha podido ser verificado por las autoridades. Pero la comunidad cree que parte del problema podría explicarse por deficiencias estructurales del propio sistema migratorio.

Pierre sostiene que muchos haitianos cambian de vivienda después de obtener sus permisos de residencia y que la legislación chilena no contempla una obligación efectiva de actualizar permanentemente esos datos.

“Una persona puede llegar viviendo en una pieza y después arrendar un departamento cuando trae a su hijo. Si las autoridades buscan en la dirección antigua no lo van a encontrar”, explica.

La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, coincide en que el dato de los menores desaparecidos debe ser analizado con cautela. A su juicio, un niño podría no aparecer en los registros migratorios actualizados y, sin embargo, estar plenamente identificado en los sistemas de salud o educación.

“Chile no se caracteriza por tener bases de datos interoperables. Por eso primero hay que verificar cuántos niños realmente están desaparecidos y cuántos simplemente no aparecen en determinados registros”, plantea.

Quizás el reclamo más repetido por los dirigentes haitianos es la ausencia de instancias formales de diálogo. Aseguran que ninguna autoridad chilena los ha convocado para colaborar en la búsqueda de información ni para ayudar a ubicar a los menores que hoy son materia de investigación.

“No hemos recibido ninguna notificación. Ni reuniones con autoridades, ni con el Congreso, ni con organismos del Estado”, afirma Pierre. Según explica, la comunidad podría aportar antecedentes valiosos para localizar familias o verificar situaciones específicas. “Si existen listas de los casos observados, nosotros podemos ayudar. No conocemos a todo el mundo, pero sí podemos identificar personas, compartir información y colaborar con las autoridades”, sostiene.

La petición también apunta a una coordinación con autoridades haitianas. “Hemos visto investigaciones, conferencias de prensa y declaraciones, pero no una mesa de diálogo entre Chile, Haití y la comunidad haitiana. Eso ayudaría mucho más que seguir especulando”, agrega.

Mientras la investigación encabezada por la Fiscalía avanza para establecer si hubo delitos como tráfico de migrantes o trata de personas, la comunidad haitiana insiste en que quiere colaborar, pero también pide evitar generalizaciones.

Existe especial molestia por los cuestionamientos a la autenticidad de documentos emitidos en Haití, dado que gran parte de los trámites de reunificación familiar dependen precisamente de certificados expedidos por organismos estatales haitianos.

“Si me dicen que los documentos de Haití no sirven, entonces ¿qué documento sirve para acreditar quién soy o quién es mi hija?”, cuestiona Pierre.

Por ahora, la incertidumbre domina el ambiente. Sin información oficial sobre el número definitivo de menores involucrados, sin una nómina pública de casos y sin una instancia formal de coordinación, las organizaciones haitianas observan con preocupación una investigación que consideran necesaria, pero que también está impactando directamente a familias que durante años siguieron los canales legales para reunirse en Chile.

“Si hay niños que fueron víctimas de un delito, queremos saber dónde están y quiénes son los responsables”, dice Pierre. “Pero también queremos que se nos escuche, porque nosotros podemos ayudar a encontrarlos”.