1992, el año que cambió a Italia

Todo comenzó un lunes en la tarde. A las 18.30 horas del 17 de febrero de 1992 tres carabinieri ingresaron a la oficina de Mario Chiesa, destacado político socialista de Milán y presidente del Pio Albergo Trivulzio, una entidad comunal que gestionaba instituciones de asistencia para ancianos y niños en la principal ciudad italiana, y le informaron que estaba arrestado por recibir 7 millones de liras en sobornos. La defensa de Chiesa fue en vano. De nada le sirvió insistir que ese dinero era suyo. Los billetes con que el empresario Luca Magni le acababa de pagar la mitad de lo acordado a cambio de un contrato de obras, sólo una hora antes, estaban marcados. En al menos la mitad de ellos aparecía la firma de un hasta entonces desconocido fiscal milanés que se convertiría en protagonista de la historia política italiana de los últimos 25 años: Antonio Di Pietro.

La noticia publicada el día siguiente en una pequeña nota de cuatro párrafos en el diario milanés Corriere della Sera marcó el inicio del que sería el mayor escándalo de la historia política italiana. Una masiva red de pago de sobornos a cambio de contratos públicos conocido como Tangentopoli que marcaría el derrumbe de los partidos que habían gobernado Italia desde la post guerra. La llamada primera república italiana entró ese lunes 17 de febrero en un proceso irreversible de destrucción para dar nacimiento a otra etapa marcada por la figura del empresario Silvio Berlusconi que llegaría al poder, por primera vez, sólo dos años más tarde. La cercanía de Chiesa con Bobo Craxi, el hijo del líder del partido socialista Bettino Craxi alimentó las primeras sospechas que detrás del caso del dirigente milanés se escondía un esquema mucho más extendido.

Pero la llave definitiva del proceso Mani Pulite se abrió sólo cuando Di Pietro convenció a Chiesa que comenzara a hablar. A partir de entonces todo el sistema político comenzó a crujir. Detrás de los sobornos se encontraba no sólo una red de enriquecimiento ilícito sino un amplio esquema para financiar irregularmente los partidos políticos. El 30 de mayo de 1992 Di Pietro presentó las primeras acusaciones transversales contra parlamentarios en ejercicio: 57 páginas que detallaban los cargos contra seis diputados -dos socialistas, un democratacristiano, un socialdemócrata, un comunista y un republicano. Todos, figuras menores, pero cercanos a personajes destacados de sus partidos. De nada sirvió el posterior intento de Craxi por intentar levantar sospechas sobre las verdaderas intenciones del fiscal. La cena estaba servida.

La hora más oscura de la mafia

La ironía fue que 1992 no sólo marcó el derrumbe de la clase política italiana, sino que también fue el año negro de Cosa Nostra -dos mundos sobres los cuales siempre rondó la sospecha de vínculos ocultos. El 30 de enero de 1992, se cerró el llamado "maxiproceso", el mayor juicio conjunto contra la mafia siciliana. Fueron condenadas 360 personas y se emitieron 19 cadenas perpetuas. Italia parecía estar dándole el golpe definitivo a la Cosa Nostra. Pero de la mano de Salvatore "Toto" Riina y Bernardo Provenzano, la mafia planeó su venganza: el 23 de mayo fue asesinado Giovanni Falcone, el juez que dirigía la investigación contra Cosa Nostra y casi dos meses después, el 19 de julio, su colaborador Paolo Borsellino, también fue víctima de Cosa Nostra. Los crímenes debilitaron el pacto de silencio y pusieron en jaque a la mafia siciliana.

Tras los asesinatos de Falcone y Borsellino miles de sicilianos salieron a las calles a protestar contra la mafia. Durante el funeral del juez, en Palermo, una multitud incluso ingresó a la catedral y encaró al presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro y al primer ministro Giuliano Amato, a quienes acusaban de no hacer nada para proteger a la población de la mafia. El hermano del magistrado, Salvatore Borsellino, incluso denunció la connivencia entre política y mafia. "Fue el día en el que los sicilianos nos levantamos y acusamos a las autoridades, en su misma cara, de no hacer nada para protegernos", aseguró al diario El País Francesco Giglio, uno de los jóvenes que participó en las protestas. El hecho, sumado al caso de Mani Pulite, fue un golpe mortal para la clase política italiana cuyos efectos se vieron en las elecciones de fines de ese año.

Entre noviembre y diciembre los municipios y las regiones italianas renovaron sus autoridades y el resultado fue devastador para los partidos tradicionales. La DC cayó del 39% de apoyo a menos del 15% y el partido socialista perdió más de la mitad de sus votos y obtuvo un 7% de respaldo. Esa fue la última elección de ambos partidos que muy luego desaparecerían tragados por el escándalo y el procesamiento de sus principales líderes. En febrero de 1993, un año después de que estallara el caso, Bettino Craxi dejó Italia. Se autoexilió en Túnez donde murió en 2000.