500 mil escolares van a colegios que podrían cerrar por no adaptarse a la Ley de Inclusión

Según un informe sobre el avance de la Ley de Inclusión, entregado por el Ministerio de Educación a los senadores de la Comisión de Hacienda, 556.964 alumnos asisten a colegios particulares subvencionados que aún no hacen los trámites para transformarse antes del 31 de diciembre en entidades sin fines de lucro, de acuerdo con lo que exige esa normativa (ver infografía).

El documento entregado por el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, indica que al 17 de noviembre habían 1.822 colegios que no han tomado la decisión de sumarse a la ley, de un universo de 5.862 establecimientos. Según el Ministerio de Educación, esos establecimientos tienen hasta el 31 de diciembre para cumplir la legislación y en caso de que no lo hagan dejarán de recibir la subvención y deberán cerrar.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada (Conapas), José Valdivieso, manifestó que se trata de "más de medio millón de alumnos que están en la incertidumbre con respecto a su futuro y a ellos se suman quienes asisten a colegios que se transformaron en particulares pagados quedando sin subvención".

De acuerdo con el informe del Mineduc, se trata de 105 establecimientos con una matrícula de 35.911 alumnos.

Valdivieso agregó que "gracias a errores de la Ley de Inclusión, los alumnos están siendo afectados por situaciones que nada tienen que ver con la calidad sino con el afán de terminar con el lucro y con los colegios particulares subvencionados".

En relación a la realidad regional, Palma explicó que "en la Región de Coquimbo el 40% de los establecimientos (137) no han iniciado los trámites, por sobre el promedio nacional de colegios que aún no han iniciado los trámites y que es del 31%".

En el Congreso se está tramitando un proyecto de ley para modificar algunos aspectos de la actual normativa (esta semana pasó a tercer trámite legislativo), en el que se establece que los arriendos de los inmuebles donde funcionan los colegios podrán tener precios de mercado y sin la obligación de que los sostenedores deban comprar dicho edificio.

Además, en el artículo 5 se autoriza a los sostenedores a transferir esta condición que les permite tener un colegio a otra entidad, con posterioridad al 31 de diciembre de este año.

Esto, según explicó la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, a los senadores en la Comisión de Hacienda, debido a que la legislación prohíbe que un sostenedor pueda traspasar a otra entidad dicha calidad.

¿Qué implica este artículo? Por un lado, da más plazo a los colegios para adecuarse a la normativa, pero a la vez establece una sanción que apunta a la retención de la subvención hasta que no se hayan transformado en entidades sin fines de lucro. Así, los sostenedores tienen un máximo de seis meses para hacer el trámite, pero no pueden recibir fondos públicos durante ese período y los recursos serían devueltos al concretarse el traspaso.

El Senado aprobó el proyecto del gobierno y el artículo que abre un espacio para postergar el cambio de la calidad de sostenedor, reteniendo la subvención. En los próximos días debería ser revisado por la Cámara de Diputados y estaría listo para ser promulgado.

El senador Carlos Montes (PS), quien respaldó la iniciativa, afirmó que "es bueno tener un mecanismo de flexibilidad por distintos procedimientos administrativos que pueden ocurrir a quienes están esperando el último momento para hacer los trámites".

A juicio de los sostenedores, el gobierno debería mantener un plazo extra de seis meses para hacer los trámites y eliminar la sanción que apunta a retener la subvención. Pero Quiroga afirmó que "la fecha de que al 31 de diciembre el ministerio deja de transferir recursos, no se mueve".