¿Es imitable para Chile el modelo canadiense?

Bajo el actual esquema de gestión privada de los fondos, la administración del 5% adicional no implica un mayor costo y por tanto, desde la perspectiva de los afiliados y del presupuesto público, es sin lugar a dudas una opción buena desde el punto de vista económico. Sin embargo, se opta por otra solución que tendrá un costo y que va a implicar para el Estado y para los afiliados un riesgo. Porque una cosa es pensar en un modelo que se desarrolla en Canadá bajo ciertas circunstancias y otra es una implementación en concreto.

¿Por qué es difícil aplicarlo acá?

En Canadá gran parte de las autoridades públicas no se eligen en ciclo político sino son parte del Estado. Por lo tanto es una forma distinta de concebir el Estado. Los partidos en Chile tienen una injerencia altísima en la designación de cargos públicos y en muchas ocasiones han designado a personas sin capacidades técnicas para llevar a cabo, de manera eficiente, esas funciones, lo que ha tenido costos para la sociedad. Es decir, ese el marco vigente y no se puede construir una entidad sino en ese margen.

Pero pueden crearse mecanismos de control

Sí, existen alternativas, pero hoy no se sabe porque el Gobierno ha lanzado una idea sin elaboración y esto no despeja la principal duda que guarda relación con esta iniciativa: tiene sentido que el Estado gaste dinero de los contribuyentes en crear una nueva organización que va a demandar presupuesto público, siendo que esta función pudiese desempeñarse sin costo para la sociedad y aprovechando las economías de escala del sistema de pensiones.

¿Se está buscando dar una cuota mayor de legitimidad?

Mi impresión es que, dada la composición política de la Nueva Mayoría, la búsqueda de acuerdo en esa coalición necesariamente va a terminar agrandando el Estado, aún cuando sea innecesario, como en este caso. Hay varias formas de legitimar el sistema de AFP. Por ejemplo, fomentando niveles de competencia aún mayores, que hagan que el modelo funcione de manera más eficiente y que estos incrementos de eficiencia se trasladen al afiliado. No es un tema de legitimar el sistema porque hay otros instrumentos. Esto tiene que ver con enfrentar los problemas de política económica, desde la perspectiva del Estado actuando como empresario, situación que a mi juicio es cara y errada, más aún cuando los recursos del Estado están cada vez más escasos. Hubiese sido preferible que se destinaran al pilar solidario. Claramente como solución técnica, ésta no es óptima, sino es más bien una alternativa que pretende generar un consenso político y, por tanto, su diseño no se hace con el objetivo de buscar la mejor solución técnica, sino la solución que satisface el acuerdo político.