Ampliación de gratuidad al sexto decil subiría en un 35% número de beneficiados en 2018

"A quienes dudaban de la verdad y el alcance de la gratuidad, quiero decirles que es una realidad que avanza a paso firme". Así, la Presidenta Michelle Bachelet destacó el impacto concreto de esta política en su última cuenta pública.

La Mandataria aseguró que este año 257.000 alumnos podrán cursar sus estudios sin costo en 32 universidades y 12 instituciones técnicas, lo que representa un 21,4% del alumnado de un sistema cuya matrícula alcanza 1,2 millones de personas. En tanto, el año pasado fueron 139.000 alumnos los beneficiados.

Además, Bachelet destacó que para "2018 la gratuidad en educación superior se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables", con lo que reiteró la promesa de avanzar en la cobertura.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, a la salida de la cuenta pública, señaló que el avanzar al sexto decil de ingresos implicaría a "alrededor de 90.000 estudiantes más". Esto permitiría aumentar un 35% el número actual de beneficiados, con lo que se podría llegar a cerca de un total de 340.000 alumnos en 2018.

Sin embargo, todo indica que el próximo paso de la gratuidad quedará establecido en una glosa presupuestaria nuevamente, ya que la reforma a la educación superior figura en su primer trámite legislativo, en la Comisión de Educación.

Bachelet aseguró ayer que espera en los próximos meses aprobar el nuevo sistema de educación superior. Mientras tanto, en el Parlamento hay conciencia de que no alcanzará a estar listo antes del próximo presupuesto: "Fue muy importante el compromiso de la Presidenta para avanzar al sexto decil, porque eso garantiza que va a ocurrir. Como ha sido en los últimos años, se definirá por glosa, porque en octubre no es probable que esté aprobada la reforma", señaló Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Según el parlamentario, "se garantiza que los fondos estén disponibles, y aunque quede por glosa, no se va a poder retroceder".

El temor respecto a una posible "marcha atrás" en la gratuidad radica en que Sebastián Piñera ha anunciado que ante un eventual gobierno sólo optaría por becas y créditos.

Aldo Valle, vicepresidente del Cruch, remarcó que "hay bastante acuerdo en avanzar en gratuidad. Sería un despropósito retroceder, por el perjuicio que causaría a quienes han accedido y a quienes esperan acceder a él".

Según Andrés Bernasconi, investigador del Ceppe de la UC, jurídicamente es posible no continuar con una política que no existe por ley, pero que es una decisión política. "La glosa de educación superior se renueva todos los años por Ley de Presupuestos, y si no se renueva un ítem en ella, se termina. De manera que lo que está más bien en discusión no es si es factible jurídicamente, porque lo es, sino la cuestión política", aseguró el abogado.

Eso sí, Bernasconi subrayó que el beneficio se mantendría para los alumnos que ya lo tienen, porque es un derecho que ya adquirieron.

Para el rector de la U. Finis Terrae, Cristián Nazer, no hay certeza de que se amplíe la cobertura, ya que las metas presidenciales han cambiado. El programa original de Bachelet contemplaba en 2018 llegar al 70% más vulnerable de la población. "La gratuidad no está asegurada para el sexto decil. Ya lo vimos en anteriores anuncios en que se generaron expectativas que después debieron ser ajustadas", dijo Nazer.

Además, hizo una advertencia: "Si la ampliación de la gratuidad se realiza en las mismas condiciones de hoy, es probable que muchas universidades privadas deban desistir de adherir a este beneficio", señaló, aludiendo al actual déficit presupuestario que implica el arancel regulado.

En ese sentido, Bernasconi remarcó que "subir la cobertura implica ampliar el déficit de las instituciones, porque, sobre todo en las universidades, a medida que se va subiendo en los deciles, más alumnos hay por decil".

Por esto es que el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, señaló que "lo importante ahora es realizar los cálculos apropiados del costo de la docencia y que la transferencia económica lo refleje, para que la política de gratuidad sea sustentable".

Añadió que "el anuncio del ministerio respecto de la entrega de un bono suplementario por calidad e investigación es de gran importancia".

Desde la Confech se mostraron disconformes con el discurso. "Vemos que la cobertura no está asegurada y que es insuficiente respecto de lo prometido antes. Se había dicho que en 2018 llegaría al 70% más vulnerable de la población y en seis años, al 100%", dijo Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, quien criticó que el "discurso no se hizo cargo de las demandas estudiantiles".