Anuncio de cierre de la U. Iberoamericana

La ministra de Educación anunció que su cartera solicitará el nombramiento de un administrador de cierre para la Universidad Iberoamericana, la cual atraviesa por una crisis financiera que ha sido reconocida por sus propias autoridades. La idea de cerrar la institución -que aún debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación en un proceso donde el Ejecutivo no respetó la reserva-, contrasta con los dos años que se le dieron a la Universidad Arcis antes de que se decretara su cierre final.

Existen distintas razones que pueden haber llevado a esta diferencia de criterio. En primer lugar, tras la experiencia en la Arcis, el Ministerio puede haberse convencido que un administrador provisional no tiene mayor utilidad para salvar a instituciones que pasan por graves crisis, por lo que no tiene sentido volver a invocarlo. Por otro lado, se ha sugerido que la vinculación de la Arcis con el Partido Comunista podría haber influido para que el gobierno retrasara en dos años una situación que parecía inevitable. Esto significaría que indeseables variables políticas estarían contaminando decisiones que tienen amplias repercusiones en los alumnos, académicos y los propietarios de la institución. Si cualquiera de estas razones tuviera algún asidero en la realidad, agregaría nuevos cuestionamientos a la figura legal del administrador provisional aprobada durante este gobierno.

Ahora, si el Ministerio determinó que la U. Iberoamericana no tenía posibilidades de sobrevivir, a la luz de lo que sucedió con la U. Arcis, es cuestionable que este escenario sea el más conveniente para la continuidad de estudios de los alumnos.

Todo parece indicar que la idea de un interventor estatal -ya sea provisional o de cierre- que se haga cargo de instituciones que atraviesan por problemas no es un buen camino. Más lógico es que el sistema pueda volver a operar tal como se hizo durante décadas, donde las universidades que estaban en dificultades buscaban soluciones más orgánicas, como por ejemplo fusiones y adquisiciones. Cabe recordar que cerca de 20 instituciones cerraron en las últimas dos décadas, y la gran mayoría fue absorbida por instituciones más sólidas. Dichos procesos fueron, en general, poco traumáticos y favorecieron a los alumnos.

Sin embargo, el impacto del caso de la Universidad del Mar -donde además de problemas financieros, existieron delitos para obtener la acreditación, falsos médicos, entre otras irregularidades- dio pie para un cambio regulatorio de magnitud que hasta ahora no ha dado confianza al sistema y que en el caso de la U. Arcis no logró su objetivo de salvar la institución y, lo que es más grave, generó señales confusas para los alumnos que buscaban continuar sus estudios. Se trata de un caso que ilustra con claridad sobre los riesgos de legislar al calor de la contingencia.

Con el objeto de evitar especulaciones y clarificar el real valor de este instrumento legal, el Ministerio de Educación debe transparentar qué elementos tuvo a la vista en el caso de la U. Iberoamericana así como la evaluación de la actuación del administrador provisional de la U. Arcis.