Bolivia propone legalizar el aborto en caso de pobreza

Con un proyecto de ley, Bolivia busca despenalizar el aborto en nueve causales, cuatro de ellas durante las primeras ocho semanas de gestación y cinco para cualquier momento del embarazo. Esta iniciativa pretende modificar el actual código penal que sólo permite a las mujeres interrumpir su embarazo por delitos de violación, incesto y peligro de vida de la madre. De aprobarse las nuevas causales, las mujeres con falta de recursos económicos o en situación de pobreza también tendrían el derecho de abortar.

El documento con el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, indica que una mujer no será penalizada al solicitar el término de su embarazo durante las primeras ocho semanas de gestación si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, que no cuente con recursos para su mantención o la de su familia, sea madre de dos o más hijos y no pueda mantenerlos económicamente o bien cuando la embarazada sea menor de edad.

La normativa también plantea cinco casos en los que la madre podría acabar voluntariamente con el embarazo durante cualquier etapa de la gestación. Estas son: el riesgo de la vida de la mujer, la prevención de su salud integral, inviabilidad del feto, si el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.

Durante 2013, la Organización Mundial de la Salud indicó que Bolivia tiene una de las mayores tasas de embarazo adolescente. En 2015 el Hospital de la Mujer de La Paz informó que cada día llegan 10 mujeres en estado crítico producto de abortos clandestinos, incompletos o mal realizados. El año pasado, el Colegio Médico de Bolivia anunció que se realizaban 115 abortos ilegales a diario y advirtió el aumento de estos procedimientos en el país.

El único requisito para la interrupción del embarazo en cualquiera de los casos que promueve el proyecto de ley es que la madre llene un formulario que deje constancia de su consentimiento y las razones de su decisión, sin la necesidad de ningún otro trámite o procedimiento.

Según indica la iniciativa , el médico tratante no puede negar la interrupción del embarazo y estará obligado a mantener el secreto profesional. Además, se podría sancionar a cualquier persona que lleve a cabo un aborto sin consentimiento de la mujer, con una penas de tres a 10 años de cárcel. La condena podría extenderse si el aborto es provocado por cualquier tipo de violencia hacia la mujer.