Caso Penta: Moreira evita juicio oral a cambio de multa por $ 35 millones

Poco más de tres años después de la divulgación de una serie de correos electrónicos que vinculaban al senador UDI Iván Moreira con el denominado caso Penta, el fiscal jefe de la Región Metropolitana, Manuel Guerra, decidió solicitar ayer una audiencia para buscar una salida alternativa al juicio oral contra el parlamentario.

La petición se concreta dos meses después de que la Corte Suprema confirmara el desafuero del parlamentario por nueve votos a favor y ocho en contra. Y libera al senador de una eventual condena a cambio de una multa por $ 35 millones, luego de que el Ministerio Público llegara a un acuerdo de restitución de dineros con el abogado de Moreira, Gabriel Zaliasnik.

Moreira fue formalizado por el delito tributario de facilitar la emisión de boletas por un total de $ 35 millones, montos que se destinaron a financiar su campaña senatorial por Los Ríos en 2013.

El ofrecimiento de la fiscalía -suspensión condicional del procedimiento- se concretó, sin embargo, pese al rechazo de los fiscales a cargo del inicio de la investigación, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes, en privado, durante una reunión ocurrida en los últimos días, habían manifestado su oposición al acuerdo.

Ayer Gajardo cuestionó tácitamente en Twitter el acuerdo, para destacar que el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, había señalado públicamente hace algunos días que en aquellos delitos de "mayor relevancia social" se privilegiaría llegar a juicio oral con "el objeto de obtener la mayor cantidad de penas".

El acuerdo

El fiscal Guerra defendió ayer el acuerdo sellado con la defensa del parlamentario, argumentando que el estrecho fallo con que la Suprema desaforó a Moreira podía vaticinar un revés para la fiscalía en un juicio.

"Cuando uno analiza el fallo", dijo el fiscal regional, "tenemos a ocho ministros de la excelentísima Corte Suprema que consideran que la conducta del senador Moreira no sería constitutiva de delito. De los ocho ministros, tres integran al día de hoy la sala penal del tribunal, que es donde se terminarían conociendo eventualmente recursos en caso de que nosotros obtuviésemos una sentencia condenatoria".

Guerra apuntaba así a que la Suprema podría contravenir una eventual condena del Octavo Juzgado de Garantía en contra de Moreira, lo que, además, se suma a que la multa consignada en el acuerdo es mucho mayor que la solicitada en la acusación presentada en marzo de 2017 contra el parlamentario, la que ascendía a $ 22 millones.

Al interior del Ministerio Público se ha discutido ampliamente si esta es una señal de que se buscará acuerdos con imputados de este y otros casos vinculados al financiamiento irregular de la política, como SQM y Corpesca. Según testigos del debate, Guerra ha optado siempre por sugerir llegar a juicio oral.

De concretarse el acuerdo con Moreira -que primero debe ser sentenciado por un juez de garantía y superar las posibles ofensivas judiciales de los querellantes-, el senador UDI podrá restablecer su fuero parlamentario y retomar su actividad legislativa. Así, Chile Vamos recuperará un voto en el Senado, lo que aumentaría la correlación de fuerzas.

Respecto de si el fallo de la Corte Suprema sobre el desafuero de Moreira podría repercutir en las definiciones con otros políticos formalizados en la causa, cerrándose el caso Penta sin otras condenas que la obtenida en el juicio abreviado contra Jovino Novoa, Guerra afirmó ayer que "yo no sería tan categórico". Y explicó: "Hay distintos imputados que están con ese delito, pero que no tienen la misma condición del señor Moreira. Otros tienen, por ejemplo, reiteración de conducta", dice.

Aparte de los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, están pendientes las definiciones respecto de la situación judicial del ex alcalde Pablo Zalaquett y del ex ministro Laurence Golborne. También la situación del diputado UDI Felipe de Mussy, quien también accedería a una salida alternativa.

Quienes conocen el devenir de la causa explican que no es descartable que Guerra haya llegado a acuerdo con la defensa de Moreira, en virtud de un acuerdo mayor con los controladores de Penta. Al respecto, las mismas fuentes explican que con estos podría haber un procedimiento abreviado, en cuya audiencia se llegue con un acuerdo entre fiscalía y defensa, pero solo respecto de los delitos tributarios y no sobre el delito de soborno imputado en relación a los pagos realizados al ex ministro Pablo Wagner. Según se detalla, este delito podría discutirse en la misma audiencia para que el tribunal defina si absolver o condenar. Esto se denomina coloquialmente como un acuerdo abreviado pero con "cohecho abierto".

La disputa interna

Tras la opinión del fiscal Gajardo entregada ayer en Twitter, Guerra fue consultado sobre la posibilidad de un conflicto interno producto de la discrepancia con su subordinado sobre la salida de Moreira.

"No me corresponde a mí referirme a eso (el tuit de Gajardo). Las discusiones que podamos haber tenido, o aquellos temas que podamos haber tratado a propósito de salidas alternativas, quedan en el ámbito interno. Yo al menos no las voy a revelar". señaló.

Según explican conocedores del caso, Gajardo se ha opuesto en tres instancias a una salida alternativa a Moreira: la primera cuando el caso estaba aún en la fiscalía Oriente que comandaba el ex regional Alberto Ayala, y la segunda, cuando los casos SQM y Penta estaban a cargo del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán. La tercera vez fue esta, en la que Gajardo habría hecho hincapié en el daño institucional que significa tras llegar a acuerdo con un emblemático imputado del caso.

Al ser consultado el fiscal Guerra ayer acerca de si ofrecer una salida sin condena a Moreira afectará la imagen de la fiscalía, el persecutor respondió: "El tema de la imagen de la fiscalía va más allá de lo puntual, como en este caso", dijo. "A mí no me preocupa mayormente la imagen de la fiscalía. La fiscalía es una institución permanente que no puede estar tomando decisiones al calor de la popularidad del momento".

Guerra también se hizo cargo de que el Ministerio Público hubiera estado durante tres años afirmando que Moreira sí había cometido delitos tributarios y merecía una condena, señalando que no debe tener un criterio estático.

"Nosotros tampoco podemos tener una postura estática, tenemos que acomodarnos y asumir el criterio de realidad que se nos impone desde los tribunales de justicia", sentenció.