CDE amplía querella por fraude al Fisco contra senador Eugenio Tuma

Una ampliación de una querella criminal por el delito de fraude al Fisco presentó hace dos semanas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Temuco contra el senador del PPD Eugenio Tuma.

El ingreso del libelo coincide con la decisión del legislador anunciada el fin de semana pasado de no repostular al Senado en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

Según se expone en la querella, declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Temuco, Tuma contrató al ex gobernador de la provincia de Cautín, Juan Diego Montalva, como asesor externo en el Senado entre abril de 2013 y marzo de 2014. Se agrega que los servicios no fueron prestados al Congreso y que los fondos pagados a Montalva tuvieron como objetivo financiar la campaña electoral a diputado del ex gobernador, quien finalmente no fue electo en 2013, pero sí nombrado autoridad provincial.

Montalva recibió durante 11 meses la suma mensual de $ 1,5 millones como asesor del senador PPD, mientras que en marzo de 2014 un pago de $ 500 mil. De este modo, el consejo cifró en $ 17 millones el perjuicio fiscal causado por Tuma.

"Los hechos descritos satisfacen el tipo penal del artículo 239 de Código Penal, esto es fraude al Fisco, toda vez que el funcionario público, senador Sr. Eugenio Tuma, en las operaciones intervino por razón de su cargo, la contratación de personal de apoyo, consintiendo que se defraudara al Estado, originándose pérdida por haber desembolsado fondos públicos en asesorías inexistentes", dice la querella, que también se dirige en contra de Montalva y quienes resulten responsables.

Al ser consultado, el senador señaló a La Tercera que ni él ni Montalva han sido citados a declarar y que el CDE está siendo utilizado políticamente. "El prestó servicios en la oficina parlamentaria, hay abundante material que lo acredita", agregó.

Tuma también descartó que su decisión de no repostular haya sido influenciada por esta querella.

La Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco lleva adelante una investigación que comenzó en 2011, cuando la ex jefa de gabinete del senador Claudia López interpuso una denuncia por presunto fraude al Fisco, donde se acusaba al senador de haber financiado mediante uso de asignaciones parlamentarias la elaboración de propaganda electoral en favor de la ex candidata a consejera regional de la Conadi Ana Llao.

En julio de 2015, el mismo CDE interpuso una querella por hechos vinculados a los años 2011 y 2012, época en que todavía existía una normativa interna en el Congreso en que los parlamentarios podían gozar de libre disponibilidad de sus asignaciones.

Según registros en la causa, en dos ocasiones la fiscalía ha solicitado al tribunal autorización para realizar diligencias intrusivas en contra de los imputados, permisos vinculados a la ley general de bancos y solicitados bajo reserva por los fiscales. La última de estas fue solicitada en marzo de este año. Del mismo modo, la fiscalía ha pedido al Congreso toda la información relacionada con los gastos operacionales de Tuma. Esto es, comprobantes de cuentas de agua, luz, teléfono, bencina y otros. La información se encuentra en poder de los persecutores. Con los antecedentes, la fiscalía estaría habilitada para formalizar la investigación.