CDE imputa a SQM responsabilidad penal en presunto delito de soborno a Longueira

Al igual como lo hizo en los casos Penta y Corpesca, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió no solo perseguir la responsabilidad penal de los gerentes generales de estas empresas, que están formalizados por supuestamente sobornar a funcionarios públicos para obtener beneficios a favor de las firmas.

Y es así como la semana pasada, tras un acuerdo del Comité Penal, el Fisco decidió ampliar ante el 8° Juzgado de Garantía la querella presentada en la "arista Royalty" e imputar responsabilidad de la persona jurídica de SQM en el cohecho que, según investiga la Fiscalía, habría sido cometido con el ex senador de la UDI Pablo Longueira Montes.

Este, al igual que el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, fueron formalizados el 22 de junio de este año por cohecho y soborno, respectivamente.

En esa oportunidad, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez , sostuvo ante tribunales que "Longueira promovió ante el Ejecutivo el interés de una empresa privada, con quien mantenía un vínculo de dependencia por múltiples aportes económicos o dádivas que venía recibiendo de SQM y, por lo tanto, tenía conflicto de intereses que le impedían actuar con imparcialidad".

Esta arista del caso SQM -por financiamiento irregular de la política- se abrió luego que se descubrieran correos entre Contesse y Longueira en plena tramitación de la Ley de Royalty en el 2010. En esas comunicaciones, el gerente de la minera no métálica le envió una minuta al entonces senador UDI, quien la hizo llegar al gobierno sin mencionar el origen del documento, según ha sostenido la Fiscalía.

La decisión del CDE va en la línea del trabajo que realiza el fiscal Pablo Gómez y su equipo, quienes tenían previsto levantar cargos por la ley que sanciona la responsabilidad de la empresa cuando uno de sus funcionarios, en este caso un gerente, comete delitos como el de soborno.

De ser condenado por este ilícito, SQM arriesga desde millonarias multas hasta, incluso, la disolución de la empresa. Esta determinación del Fisco complejiza aún más el escenario de SQM, empresa que tiene varios flancos abiertos, entre ellos, un arbitraje con Corfo por el uso de las pertenencias del salar de Atacama.

Por una parte, una de las sanciones que podría tener la minera no metálica, y que contempla la Ley N°20.393, es perder determinados beneficios, y también la prohibición de celebrar contratos con el Estado, lo que impactaría directo en los negocios de la minera no metálica, principal exportador del litio en Chile.

A esto se suma que SQM es una empresa que transa en mercados internacionales, como el de Estados Unidos, y está sometida a controles de la Securities and Exchange Commission (SEC), entidad que vigila que las sociedades que ingresan a la bolsa norteamericana no estén vinculadas a delitos de corrupción.

La arremetida que afectará a la empresa SQM contraviene lo concluido por la auditoría contratada por la propia minera no metálica a la firma de abogados Shearman & Sterling. Estos, tras analizar los pagos de la firma a personas vinculadas al mundo político, dijo que "no se identificó evidencia que demostrara que pagos fueron hechos a funcionarios públicos para inducirlos a actuar para que SQM obtuviera beneficios económicos".

En tanto, este miércoles Longueira reaparecerá en tribunales. El ex ministro pidió que rebajaran su cautelar de arresto domiciliario nocturno, porque su nuevo trabajo como asesor de un megaproyecto eléctrico hace "indispensable el viajar en el territorio nacional".