Contraloría califica como ilegales grabaciones televisivas en cárceles
Desde Chile Transparente valoraron la resolución, asegurando que esto "sienta un importante precedente sobre la correcta utilización de los recursos del Estado"
El pasado 21 de marzo la Contraloría General de la República determinó que Gendarmería de Chile no se ajustó a derecho al autorizar la grabación, al interior de recintos penitenciarios, de los programas "Alerta Máxima" de Chilevisión y "Nadie está Libre" de Canal 13.
Para ello se tuvo en cuenta, por una parte, que se expusieron "los derechos de la población penal y, por otra, que se desatendió uno de los fines de la institución, esto es, alcanzar la reinserción social de los internos".
Agregaron, además, que "tampoco resulta procedente que la autoridad penitenciaria haya permitido el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios, a fin de que convivieran por un determinado tiempo con los reclusos y realizaran actividades propias de éstos".
Finalmente, indicaron que en "la disposición de recursos públicos que implicó la realización de las anotadas grabaciones, no se observa la existencia de una habilitación legal al efecto, debiendo tenerse presente que la distracción de recursos humanos y materiales en las antedichas actividades, además de ser jurídicamente improcedente, podría poner en riesgo el cumplimiento de las funciones propias de la institución, especialmente de su obligación de velar por la seguridad al interior de aquellos recintos".
Por ello, se ordenó la realización de sumarios administrativos y se pidió la revisión del procedimiento mediante el cual se entregan las autorizaciones de esa naturaleza, los criterios, condiciones y restricciones, en el evento que la dirección nacional resuelva acceder a futuras solicitudes de medios de comunicación.
En esta línea, es importante destacar que la resolución fue calificada como una potente señal por el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht.
Como uno de los reclamantes ante el organismo fiscalizador, Precht destacó que esto "sienta un importante precedente sobre la correcta utilización de los recursos del Estado como son los recintos penales y el personal penitenciario. Haberlos usado para este tipo de programas claramente no corresponde".
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