Contraloría fiscalizará a planteles privados que reciban fondos públicos

Ya en septiembre el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, mostraba su preocupación por la falta de fiscalización a planteles privados que reciben fondos públicos, ya sea a través de la gratuidad o becas y créditos.

En un seminario en la U. de Santiago, Bermúdez dijo que "la universidad que más recursos públicos recibió no fue estatal, ni siquiera una del Consejo de Rectores (Cruch). Ante esto, la pregunta que uno se hace es ¿puede ser que esa plata no tenga ningún control, que se entregue como una especie de cheque en blanco? La respuesta es no".

Y a contar del próximo año, la Contraloría podrá comenzar a fiscalizar a todas aquellos planteles privados que reciban recursos del Estado. Esto luego de que ayer se aprobara una indicación en la Ley de Presupuestos que amplía al órgano fiscal la facultad de fiscalizar el uso de los dineros públicos en universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.

Montes explicó que en la redacción del artículo también quedaron las donaciones y franquicias tributarias y "cada institución tendrá que decir qué monto recibió y el uso que se le dio".

La indicación había sido presentada en la comisión mixta, pero fue rechazada "porque se había planteado que los privados tenían que someterse a las reglas de transparencia y eso fue declarado inadmisible. Ahora ellos presentarán los datos a la Contraloría".

La indicación fue patrocinada por el gobierno, a pesar de que "en un principio dijo que no, porque era inadmisible. Pero hubo un debate y ahí el Ejecutivo tuvo que reconocer que sí era admisible".

Así, las instituciones privadas estarán obligadas de entregar el informe a la Contraloría

Sobre cómo será el proceso aún no hay claridad, ya que el ente fiscalizador "deberá sacar un reglamento o dictamen para orientar la manera de cómo se hará todo a partir del próximo año".

El presidente de la red universidades privadas del Consejo de Rectores, y máxima autoridad de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, dijo que para le G9 "no existe dificultad en someterse a que el Estado, a través de la Contraloría verifique el adecuado uso de los recursos, ya que no hay dudas de que estas instituciones no tienen fines de lucro y que cumplen una reconocida función pública, aportando al país". Además, sostuvo Elórtegui, estos planteles usan bien los recursos del Estado y con sus propios fondos ayudan a la inclusión en el sistema universitario.

Por otro lado, el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, indicó que si el Estado traspasa recursos "tiene el derecho y la obligación de cuidar que estas platas se destinen a los objetivos correctos".

Sin embargo, aclaró que es importante que no se interrumpan las actividades normales de una universidad. Además, Lavados dijo que "nosotros sí rendimos cuentas ahora a la Comisión Ingresa, de los recursos que se entregan por Crédito con Aval del Estado y becas. Si esa verificación ahora la hace Contraloría, no hay problema".

El rector remarcó, eso sí, que la revisión debe ser después. "Los organismos públicos están sometidos a una toma de razón, donde antes de ejecutar un gasto, la Contraloría debe aprobar la resolución, lo que es una reclamo de las estatales. Ahora, la revisión aquí debe ser después y de ahí castigar en el caso de que se haga una falta. No debe afectar la autonomía o el proyecto universitario".

En esa misma línea, Elórtegui agregó que "se debe resguardar que la función fiscalizadora no afecte la adecua gestión y la rapidez que debe tener la gestión universitaria".

En tanto, el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, remarcó que "como ha dicho el contralor general de la República, en cualquier lugar que hayan fondos públicos la Contraloría tiene que actuar. Sean fondos públicos de educación, vivienda, del área que sean. No entiendo por qué podría haber problemas en ese sentido".