Creadores del CAE defienden el modelo de financiamiento a 10 años de su implementación

Mientras los detractores del Crédito con Aval del Estado (CAE) piden su eliminación, al asociarlo a la mercantilización de la educación superior y al endeudamiento de más de 600 mil familias; sus creadores resaltan los beneficios que a su juicio ha generado en la expansión de la matrícula de educación superior y el mayor acceso de sectores vulnerables.

“Creo que las críticas son por desconocimiento, porque este crédito ha sido una tremenda arma de igualdad y de acceso a la educación superior para miles de estudiantes”, afirma el ex ministro de Educación, Sergio Bitar (PPD).

El estuvo a cargo de la preparación y tramitación del proyecto que permitió crear el CAE durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y junto a Bitar trabajó la entonces jefa de la División de Educación Superior del Mineduc y actual rectora de la U. de Las Américas, Pilar Armanet (PPD), quien defiende con orgullo ese modelo de financiamiento.

“Es un sistema que funciona porque tiene un componente  de solidaridad intergeneracional por el cual los alumnos que recibieron el beneficio pueden después ayudar a financiar a los estudiantes que vienen”, afirmó Armanet.

Además, dijo que “es uno de los mejores créditos del mundo en materia de financiamiento de la educación superior”. Apreciación en la que coincide Bitar.

Historia

Durante la campaña de Lagos se prometía que ningún joven iba a quedar fuera de la educación superior porque su familia no tenía dinero. Así, se comenzó a buscar un sistema que permitiera otorgar un crédito a los estudiantes que no estaban matriculados en universidades del Consejo de Rectores (Cruch), los que podían acceder al Crédito de Fondo Solidario.

“El Estado no tenía recursos para financiar un nuevo crédito, porque ya se entregaban altos montos a las universidades del Cruch, las que no tenían la capacidad de cobrar y por lo tanto no estaban obteniendo los recursos para seguir autofinanciando ese beneficio”, explicó Bitar.

Fue entonces cuando, tomando experiencias de otros países, se definió un sistema en que el Estado pudiera garantizar los préstamos que los bancos otorgaran a los estudiantes. Y paralelamente se elaboró un proyecto para crear un sistema de acreditación, que permitiera exigir ciertos grados de calidad a las instituciones privadas que se sumaran al CAE.

Así, en 2006, al inicio del primer gobierno de Michelle Bachelet, comenzó a entregarse el beneficio a 20 mil estudiantes, cifra que fue aumentando cada año hasta llegar a un total cercano a 700 mil beneficiarios en 2016. “Uno de los problemas que se produjo fue la alta tasa de interés con que partió el CAE, pero siempre se consideró que debía reducirse y así se estableció en la ley entregando facultades al Estado para rebajar la tasa subsidiando la diferencia, pero eso no se hizo”, explicó Bitar.

Y fue en 2012 cuando, en el gobierno de Sebastián Piñera, se rebajó la tasa del interés del CAE del 6% al 2%. Pese a eso, las críticas a ese modelo se mantienen acusándolo de endeudar a las familias de los estudiantes.

Por esto, el senador Carlos Montes (PS), el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, junto a otros parlamentarios y rectores del Cruch están pidiendo que el CAE sea eliminado.

“Es una forma de financiamiento que vino a promover la educación de mercado, pero financiada con cargo a recursos públicos o endeudando a las familias, sin mayores requisitos para las universidades. Por esto creo que debiera ser eliminado, cumpliendo así con el compromiso de que la educación sea un derecho social”, afirmó el vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle.

En tanto, Alexander Páez, investigador de Fundación Sol, planteó que “el CAE capta una parte relevante del presupuesto de Educación, pasando del 2,4% en 2006 a 36% en 2016”. Y dijo que “esa misma plata se podría entregar directamente a las instituciones para financiar gratuidad sin generar miles de endeudados año a año”.

Según un estudio de Fundación Sol en 2010 había 210 mil jóvenes endeudados por CAE y en 2015 subió a más de 700.000.