¿Cuánto costaría y qué tan factible es soterrar la red eléctrica?

De tanto en tanto, la idea de soterrar las redes de servicios básicos -principalmente el eléctrico- asoma como solución a diversas problemáticas de los consumidores en las grandes ciudades del país como, por ejemplo, que eventos climáticos, como la nevazón del fin de semana en Santiago -al cierre de esta edición todavía había 4.900 hogares sin servicio eléctrico- generen cortes masivos en el suministro.

Sin embargo, los múltiples beneficios de esta propuesta chocan con el elevado costo que tiene materializarla y su factibilidad. Si bien no hay cálculos actualizados sobre este tema -los más nuevos datan de hace unos cinco años, en el marco de una discusión parlamentaria de un proyecto de ley presentado por el senador Juan Pablo Letelier-, en la industria eléctrica cifran en un rango de entre siete y 10 veces más de lo que cuesta levantar tendidos por la vía aérea. Esto sería considerado inversión y, por ende, incorporado en la tarifa, lo que impactaría directamente en las cuentas de los clientes.

En el marco de ese debate, además, se estableció que el costo de soterrar todo el tendido eléctrico en las ciudades del país con más de 50 mil habitantes costaría al menos US$ 30 mil millones.

Según datos de la consultora internacional Edison Electric Institute, el costo mínimo de levantar nueva infraestructura eléctrica aérea ronda los US$ 377 mil por kilómetro, mientras que si se hiciera de forma subterránea el valor sube a unos US$ 3,5 millones. En Santiago, en la concesión de Enel Distribución, el nivel de soterramiento de la red de baja tensión apenas llega al 20%, cifras muy distantes de países como Holanda (100%), Bélgica (85%) y Reino Unido (81%). Sin embargo, estos números no están tan lejos de Portugal, que ha soterrado el 16% de sus redes, o de Austria, que alcanza el 15%.

Según Rosa Serrano, directora de Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas (gremio que reúne a las distribuidoras y transmisoras de electricidad), no hay estudios recientes sobre la factibilidad y el costo del soterramiento de la red adaptados a la realidad chilena, pero las estimaciones que manejan en la asociación dan cifras similares. Eso sí, la realidad varía dependiendo de la densidad de la zona en que se busca soterrar, por las economías de escala.

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En 2008 se presentó un proyecto de ley para soterrar los cables en gran parte de Chile. ¿El costo? US$ 30 mil millones. Foto: Reinaldo Ubilla / La Tercera[/caption]

"El costo de soterrar depende directamente de las características de las zonas que se quiere intervenir. Un análisis del costo se debiera hacer de un análisis de política pública, considerando que los beneficios son múltiples. De todas formas, hay otras alternativas, como enmallar las redes de media y baja tensión", señala la experta.

Serrano añade que el fondo de la discusión debe ser la calidad de servicio, pues ese es el trasfondo del debate. A su juicio, soterrar las redes sería un avance, pero que debe ser complementado con otras tecnologías, como, por ejemplo, las redes inteligentes. Respecto de cómo se pagaría esta inversión, indica que es algo a analizar, porque para las empresas no es viable absorber ese costo de una vez.

El académico de la Universidad Católica y director de Systep, Hugh Rudnick, añade que se trata de una solución "viable, pero de altos costos, que no se justifican en una economía como la nuestra". Además, dice que esto no necesariamente es la solución a la inestabilidad de la red, pues este fin de semana algunas zonas en que los cables de baja tensión van por ductos subterráneos de todas formas sufrieron cortes.

Pablo Alvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), advierte que no existe en Chile alguna norma que regule el soterramiento de redes, por lo que lo que se ha hecho son más bien ejercicios aislados, en zonas como Valdivia o Vitacura. Sin embargo, cree que una buena alternativa es que las mismas municipalidades lideren esfuerzos en este sentido, pues además se crean beneficios en términos paisajísticos y de plusvalía.

Justamente, la CChC ha planteado que una buena opción sería concesionar los ductos subterráneos, coordinando a todos los servicios públicos que los usarían, como las distribuidoras eléctricas, de telefonía o televisión.