Director nacional Servicio Electoral: "De haber elección de gobernadores este año la ley debe publicarse al menos 100 días antes"
Raúl García explica las razones que hacen necesario apurar el proyecto de ley que se discutirá el martes. También aborda la fiscalización a los partidos y las denuncias contra el PC y el PS por presuntas infracciones a la ley.
Para el director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, si la selección chilena de fútbol llega a la final de la Copa Confederaciones, fijada para el 2 de julio, el mismo día en que se realizarán las primarias presidenciales, es un detalle. "Eso es parte de los escenarios en los que nos desenvolvemos", dice. Y enfatiza: "Las elecciones se van a llevar a cabo con o sin partidos de fútbol, por muy importantes que sean".
¿Será una dificultad organizar la elección de gobernadores regionales si se aprueba para este año?
La conveniencia de que se elija por sufragio a gobernadores regionales este año o más adelante dice relación con la capacidad que tenga el Servel para organizar esa elección. Nuestra opinión se limita a señalar que, de haber elección de gobernadores regionales este año, la ley respectiva debiera publicarse al menos 100 días antes, anticipación mínima que nos permita organizar esta elección.
Hablamos de agosto, tres meses y medio antes de la presidencial...
Exacto. Ese es un plazo que estimamos nos permitiría organizar adecuadamente esas elecciones. No es exigencia, simplemente compartimos nuestro parecer como expertos organizadores de procesos eleccionarios y tenemos la expectativa de que los parlamentario puedan recoger nuestras indicaciones y hacerse cargo.
¿Por qué es necesario ese plazo?
En primer lugar, tenemos que proceder a la adquisición de distintos útiles electorales, que supone abrir procesos de licitaciones públicas. Hay que también tener presente la posibilidad de que los proveedores puedan tener algún grado de dificultad para contar con la materia prima que ellos, a su vez, requieren. Hay toda una cadena manufacturera detrás de un acto eleccionario que necesita ponerse en movimiento.
También ustedes plantearon inconvenientes respecto de la situación en que quedan los candidatos independientes que, según el proyecto, en 10 días debieran reunir sus firmas para postular.
Nuestra preocupación es que los independientes estarían en una condición bastante exigida y, por lo mismo, estimamos que no son muy realistas los plazos que se están definiendo en este proyecto de ley para ellos. Es una consideración que hacemos en atención a la equidad con que tanto independientes como militantes debieran participar en un proceso eleccionario.
Pero el presidente del consejo directivo, Patricio Santamaría, planteó en varias instancias la inconveniencia de sumar esta elección a todas las que hay este año. ¿Eso ya cambió?
No es que haya cambiado. La experiencia que uno puede apreciar en otros países y también en el nuestro es que cuando se introducen modificaciones a la ley electoral, en periodos electorales, se introduce un nivel de complejidad extra en la aplicación de esas leyes. Por razones obvias: los plazos son muy reducidos y eso implica un grado de dificultad mayor. En principio, la regla de oro debiera ser que no se legislen materias electorales en años electorales. Si eso no es factible, en subsidio, lo que señalamos es que se haga con la mayor anticipación posible.
¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de primarias que comenzó con la inscripción de los candidatos?
Ha sido un proceso muy ordenado. Estamos haciendo una muy buen evaluación de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Esperamos contar con una buena participación, sabemos que esta ha ido disminuyendo, y el Servel está comprometido y empeñado en revertir esa situación.
¿Ordenado por qué?
En primer lugar, las declaraciones de candidatura se hicieron con una anticipación prudente, en forma ordenada, se implementó la declaración de intereses y patrimonio de candidatos a través de un sistema electrónico. Lo que dice relación con propaganda electoral hemos estado informando el periodo que comprende, se han informado los sitios públicos que se han determinado para el despliegue.
¿Cómo se ejerce la fiscalización?
El primer vehículo o canal fiscalizador es la misma ciudadanía a través de denuncias que se hacen en nuestro sitio web, incorporando los medios de prueba que acrediten lo que la personas está denunciando. Hay otros canales que dicen relación con los municipios que van a estar interesados en controlar que en sus respectivas comunas la propaganda se despliegue en aquellos lugares autorizados. Hemos reforzado el equipo y el número de fiscalizadores con que va a contar la institución, que bordea el orden de las 150 personas, apoyadas con vehículos.
¿Cuántas denuncias ha recibido hasta la fecha?
Algo menos de un centenar.
¿Se fiscaliza a los comandos y a los candidatos?
Fiscalizamos zonas, territorios. En dos sentidos: primero, que la propaganda se despliegue solo en los lugares permitidos. Y por contraposición a ello, que no se desplieguen en otros lugares.
¿Esto en forma aleatoria?
Se definen de acuerdo a criterios, lo que supone hacer una fiscalización que privilegie ciertas zonas donde hay más despliegue de propaganda electoral que otra, por cantidad de población, etc.
También se encuentran en plena fiscalización las contabilidades de los partidos. ¿Cómo va ese proceso?
Hemos recibido hace pocos días la totalidad de los balances de los partidos políticos y estamos en proceso se revisión.
Las fórmulas que cada partido concretó para poder ajustarse a la ley ¿fueron implementadas con fiscalización del Servel?
Recordemos que en abril de 2016 se publicó la Ley 20.915, que introdujo una serie de modificaciones a los partidos en su aspecto financiero o patrimonial. Desde ahí los partidos iniciaron un proceso en el cual no tuvimos ninguna participación. Ellos adoptaron las medidas y tomaron las decisiones que correspondían. Lo que vamos a hacer es que dentro de este proceso habitual vamos a tener que mirar si se han cumplido o no las nuevas exigencias financieras y patrimoniales.
¿El Servel está facultado para exigir cambios a esas fórmulas?
No, nuestro rol no es sugerir.
¿Pero revertir?
Es revisar que los regulados cumplan con las exigencias de la ley. De no ser así, el fiscalizador tiene el deber de iniciar los procesos investigativos del caso y aplicar las multas que correspondan.
Ya hay denuncias en contra de dos colectivos: el PC y el PS. El primero, por presunta celebración de contrato simulado en la vente de sus inmuebles, y el otro por haber supuestamente implementado un mandato fuera de plazo. ¿Cómo van esos procesos?
Se están llevando adelante. Lo que pasa es que también en estas cosas hay algunas resoluciones que tienen que adoptarse por otros organismos del Estado. Por ejemplo, tribunales que van a ir estableciendo situaciones que puedan servir como base a lo que estamos investigando. Es un poco difícil definir un plazo, porque dependemos de otras instancias donde se han planteado también estas denuncias y requerimientos.
¿Ve usted que exista en estos casos infracciones a la nueva ley?
En estos momentos no tengo ningún antecedente que me permita afirmar o concluir ni en una ni en otra dirección, toda vez que los procesos de revisión se encuentran en una etapa bastante preliminar.
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