Educación superior: los siete puntos que amenazan con llevar la reforma al TC

La Comisión de Educación de la Cámara despachó la semana pasada la reforma a la educación superior, por lo que la Comisión de Hacienda será la encargada, la próxima semana, de votar la iniciativa en particular.

Así, el proyecto quedará listo para ser revisado en sala y pasar al Senado. Sin embargo, durante su discusión en la instancia parlamentaria, varios puntos causaron alerta por presuntas inconstitucionalidades. Esto podría implicar que la emblemática reforma del Ejecutivo termine en el Tribunal Constitucional (TC), tal como ocurrió en su momento con la Ley de Inclusión y la glosa presupuestaria de la gratuidad.

Son siete puntos los que causaron conflicto, según parlamentarios de Chile Vamos, además de uno advertido por el propio gobierno, que hizo una reserva de constitucionalidad por una indicación parlamentaria que deroga el Crédito con Aval del Estado (CAE), el 1 de enero de 2019. "Existen diversas normas del proyecto que chocan con garantías constitucionales", dijo Raúl Figueroa, director de Acción Educar.

En ese sentido, un primer punto se relaciona con el administrador provisional, cargo que asume la administración de un plantel en caso de crisis. "Hay una norma que exceptúa a las universidades estatales de contar con administrador provisional en caso de crisis e hice reserva de constitucionalidad por el principio de igualdad ante la ley", explicó el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien añadió que "no puede ser que los estudiantes estén protegidos en caso de que un proyecto privado colapse, pero en el caso de las instituciones estatales no haya protección alguna".

A este punto se suma otro conflicto por la acreditación obligatoria de las cinco dimensiones, que contemplan docencia de pregrado, creación de conocimiento e innovación, entre otras. "Que las instituciones tengan que estar acreditadas en las cinco áreas para poder existir transgrede el derecho a organizarse libremente", añadió Bellolio.

Un cuarto y quinto punto se relacionan con la autonomía. Chile Vamos criticó que una institución tenga que pedir permiso para abrir carreras y sedes, dependiendo de su certificación. "Eso no la hace verdaderamente autónoma, pese a que la ley indica que sí lo es", dijo Bellolio. Además, "en régimen se fijarán los aranceles de todas las instituciones, lo que atenta contra la libertad de organizarse".

Por último, la oposición hizo reserva de constitucionalidad en dos artículos de las normas contra el lucro. En uno, porque queda como facultad del superintendente de Educación establecer quién es una persona relacionada con la cual no se puede firmar contratos, y en el otro artículo donde se establecen las sanciones penales para éste y otros casos. "La pena ya está descrita, pero es el superintendente el que determina, a su criterio, quién es una persona relacionada y comete la falta", dijo el diputado José Manuel Edwards (independiente).

Según Raúl Figueroa, hay otro elemento a analizar: "El TC ya se ha pronunciado sobre la proporcionalidad entre el objetivo de la ley y las prohibiciones o regulaciones. Cuando las prohibiciones son excesivas, pueden afectar una garantía constitucional", dijo.

Sin embargo, para Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión de Educación, las advertencias tienen que ver con diferencias ideológicas. "La derecha ha tenido muchas objeciones con la gratuidad. Además, no le gusta que se sancione el lucro y tampoco la acreditación más exigente", dijo González, quien agregó que "se ha tratado de ser respetuoso de la normativa y la ley no debiera presentar observaciones de constitucionalidad, independiente de que generen discrepancias".